Miedo, "daños colaterales" y resistencia: las redadas contra inmigrantes de Trump sacuden Nueva York

El invierno golpea fuerte a Nueva York pero no son las gélidas temperaturas, la lluvia helada o la nieve lo que ha hecho a muchos encerrarse en sus casas. No es lo que ha hecho que se haya desvanecido de muchos lugares, como el enjambre de la estación de metro en Times Square, el habitual bullicio de vendedores ambulantes, ahora reducidos a dos o tres mujeres que venden churros y fruta partida, y solo en hora punta. 

No es el duro invierno lo que ha hecho que muchos niños no vayan a clase, que en el auditorio de un instituto de Brooklyn donde normalmente se reúnen 400 personas para ver a sus hijos en un concierto este jueves no hubiera más de 20 familias o que algunos médicos de centros de salud comunitarios se alarmen por el descenso de las visitas. 

Tampoco es el frío lo que hace que muchos estén faltando a sus trabajos, que se hayan reducido visiblemente los grupos de jornaleros que buscan en la calle empleo diario en construcción, que empiecen a sentirse los problemas en el sector de cuidado de mayores o que haya quien prepare planes para qué hacer con sus hijos en caso de ya no estar, designando a eventuales guardianes.

En la Gran Manzana decenas de miles de personas están ateridas, de miedo y ansiedad. Son inmigrantes, en la mayoría de los casos pero no solo sin documentos legales para estar en el país y en la ciudad, algunos desde hace solo meses, otros desde hace años. Y muchos han congelado parte de sus vidas en las cuatro semanas desde que Donald Trump regresó a la presidencia de Estados Unidos, decidido a poner en marcha lo que ha prometido como “la mayor operación de deportación de la historia” de Estados Unidos.

Pompa, incertidumbre y miedo

El día 28 de enero, con mucha pompa, cámaras, promoción en los medios y redes sociales y con la presencia de la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, arrancaron en la urbe las primeras redadas de ICE, la agencia policial de Inmigración y Aduanas. Aquel día se detuvo a 39 personas, según la información oficial que se hizo pública. Sumaron 100 en toda la primera semana de operaciones. Y entre ellos hubo gente con historial criminal, el marcado primer objetivo de la campaña, pero también lo que se reconoció como “arrestos colaterales”. 

Desde entonces han seguido las detenciones, aquí y en todo el país, 14.000 en las tres primeras semanas según los datos que dio el ‘zar de la frontera’, Tom Homan. Vuelan aviones con venezolanos esposados a Guantánamo, se empieza a deportar a migrantes de países asiáticos a Panamá, se publican vídeos de la llegada de cientos de deportados a India... Pero escasea la información oficial y los datos solo se van a hacer públicos mes a mes, no a diario. Es imposible saber cuántos son los detenidos exactamente, cuántos tienen historiales criminales, dónde están y qué garantías legales se les está dando. Muchos abogados denuncian que no saben dónde están los detenidos. 

Las cosas no van del todo como le gustaría a Trump, como subraya que dos altos cargos de ICE hayan sido degradados esta semana, y los datos facilitados por Seguridad Nacional a 'The Washington Post' indican que las detenciones han caído a 600 al día en todo el país los 13 primeros días de febrero, lejos de la meta de entre 1.200 y 1.500 diarios, pero eso no evita que el miedo se extienda. “Realmente ha golpeado a la gente. Quienes trabajaban en el área de inmigración, los líderes comunitarios, entendían muy bien lo que iba a pasar y el alcance, pero creo que la gente no estaba preparada”, explicaba el jueves el reverendo Dr. K. Karpen en San Pablo y San Andrés, una progresista iglesia metodista del Upper West Side de Manhattan que lleva años trabajando con “amigos”.

Cuando en 2022 empezó la llegada masiva de migrantes a la ciudad, 230.000 desde entonces, la iglesia puso en marcha programas como los “lunes milagro”, una feria de recursos que van desde alimentos y ropa hasta asesoría legal; tutorías los miércoles y una colaboración con un centro de educación superior comunitario para ofrecer clases gratuitas.

Ahora, este templo que durante 14 meses en el primer mandato de Trump fue santuario para una familia que iba a ser deportada, tiene en sus puertas un cartel que recuerda a los agentes de ICE y de Seguridad Nacional que necesitan una orden judicial para entrar.

Es también parte de una coalición que ha demandado al Gobierno por dar luz verde a redadas en lugares como escuelas, hospitales o centros religiosos. Y ayuda a los inmigrantes a saber qué hacer si se cruzan con una redada, si ICE toca a su puerta, o si son detenidos. Se les recuerdan derechos constitucionales que también se leen en carteles que se cuelgan en universidades o tarjetas que se reparten en otros centros de ayuda. “No abra la puerta. No conteste a ninguna pregunta. No firme nada sin hablar antes con un abogado”...

“El miedo es una herramienta de esta Administración, es lo que están usando parcialmente para hacer lo que quieren hacer y yo no quiero hacer su trabajo por ellos, pero por otro lado necesitamos que nuestros amigos estén preparados”, dice el reverendo. Él cree que el plan de Trump no es viable (“es muy caro, no tienen el personal para hacer lo que pretenden”) pero también sabe que “en una parte no importa". "Quieren hacer un gran espectáculo y mostrar a sus bases que cumplen. Y hay un impacto real para mucha gente”.

"El nivel de agresividad es distinto a su primer mandato. Es lo que se supone que iba a ser aquella vez pero por distintas razones no pasó y ahora no hay nadie para detenerles”, asegura también Karpen. “No hay Congreso. Están los tribunales, pero ya han dado señales de que no les importa demasiado. No están siguiendo la ley. Dicen que lo hacen, pero no es verdad. Y para ellos todos los inmigrantes son criminales”, aunque entrar sin papeles en EEUU es una violación civil, no un delito penal.

Daños colaterales e inocencia

Algunos de los inmigrantes son conscientes de esos peligros. Lo es, por ejemplo, Julián, un venezolano de 24 años que entró hace cuatro meses en EEUU tras conseguir una cita para pedir asilo a través de la aplicación CPB One (cerrada minutos después de que Tump jurara el cargo). Él sigue mejorando su buen inglés, estudiando para avanzar en su sueño de graduarse como  preparador físico para llegar a ser entrenador de fútbol y haciendo “vida normal en Nueva York”. “Lo que hago es ir a lo mío, mantenerme alejado de cualquier cosa o persona que pueda ser problemática”, dice a las puertas del hotel Row NYC en Times Square, uno de los más de 100 que inicialmente la ciudad contrató para dar albergue a migrantes, donde ha venido a ver a una compatriota y a su bebé. “Yo no he hecho nada malo, pero sé que puedo ser un daño colateral”.

Los hay también que hablan con una inocencia que desarma. “Solo cogen a criminales. Yo pago mi transporte, mi comida, mis cigarros. Y tengo mi tarjeta”, dice Said, un marroquí de 42 años, enseñando la identificación que le han dado en su refugio en Queens, uno de los municipales que aún dan acogida a 51.000 migrantes. El 9 de noviembre, solo días después de la victoria de Trump, y tras un viaje en el que pasó por Qatar, Brasil, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, saltó el muro de la frontera. Tras estar detenido en California y viajar a Virginia llegó hace dos semanas a Nueva York para tramitar su petición de asilo. Y a las puertas de un centro de la Cruz Roja, sin pensar en las restricciones draconianas que ha impuesto el presidente, dice con una sonrisa: “Yo tengo esperanza de que me lo van a dar”.

Otros saben de los riesgos, pero no pueden dejar de trabajar. Es el caso de los repartidores que siguen surcando en sus bicicletas las calles de la ciudad. O el de Mariana, que llegó hace más de un año de Venezuela con su esposo, y sigue trabajando como limpiadora. No tiene permiso legal de empleo, pero tampoco quienes le contratan lo tienen para pagarle muy por debajo de los 15 dólares por hora que marca la ley.

El complicado papel del alcalde

La situación para los migrantes en Nueva York, que ya empieza a provocar manifestaciones y protestas, se ha complicado también por el colaboración que el alcalde demócrata, Eric Adams, ha mostrado hacia Trump y su Gobierno. Ha reabierto, por ejemplo, la posibilidad de que ICE se instale en la polémica cárcel de Rikers; ha instado en una reunión a los empleados municipales a que no interfieran con órdenes federales sobre inmigración y que no critiquen a la Administración Trump en redes; ha llegado a cuestionar que Nueva York siga siendo ciudad santuario, una condición que él no tiene autoridad para eliminar; y ha acusado a los medios de “alimentar la histeria”.

Adams ni siquiera ha sido demasiado duro cuando el Gobierno de Trump, tras bulos alimentados por el presidente y por Elon Musk sobre dinero de la Agencia de Gestión de Emergencias supuestamente desviado para pagar “hoteles de lujo” para los migrantes, esta semana retiró una transferencia de 80 millones de dólares que ya se había realizado (parte de una partida de fondos que ya habían sido autorizados por el Congreso).

Es difícil ver esos pasos de Adams como casuales. El primer edil, que el año pasado fue imputado por corrupción, ha visto este viernes como el Departamento de Justicia de Trump pedía a un juez que retirara los cargos en su contra (no sin que antes dimitieran siete fiscales que se negaron a presentar la petición). Y aunque el alcalde ha dicho que no ha hecho concesiones, en una aparición este mismo viernes en FoxNews junto a Homan, el zar de la frontera , este ha desvelado directamente que tienen un “acuerdo”.

La actitud del alcalde es una de las cosas que irrita a Karpen, el pastor de San Pablo y San Andrés. “Adams ha vendido su alma. El precio era el perdón. Pero lo que vendió realmente fue la vida de miles de personas que no han hecho nada malo, lo único que han hecho es buscar un lugar para criar una familia. Es el nivel más profundo de cinismo”.