Informe de la ONU
Bandas criminales de Asia obligan a cientos de miles de personas a cometer ciberdelitos
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Los delitos informáticos ya representan el 12,5% de toda la criminalidad en España. Foto 123RF / 123RF
Cientos de miles de personas en el sudeste de Asia han sido víctimas de la trata y forzadas a dedicarse a la ciberdelincuencia. Así lo destapa un nuevo informe de las Naciones Unidas (ONU) que denuncia los brutales métodos de coacción adoptados por las bandas criminales que están detrás del lucrativo negocio de las estafas en línea.
La ONU calcula que unas 120.000 personas habrían sido explotadas en Myanmar, 100.000 en Camboya y otras decenas de miles más en países de la región como Tailanda, Filipinas o Laos. El crimen organizado engaña a las víctimas para reclutarlas y, una vez lo logra, las somete a todo tipo de amenazas, torturas e incluso violencia sexual para obligarlas a cometer delitos de fraude a través de internet.
El informe, publicado el martes por la oficina de derechos humanos de la ONU, añade que muchas de las víctimas de estos casos son personas cualificadas y capaces de hablar varios idiomas a quienes las bandas engañan con la promesa de trabajos interesantes. Tras ser captadas, acaban operando una red de fraude cibernético que se extiende por distintos países.
"Trato inhumano"
El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, informa que las víctimas soportan un "trato inhumano" mientras "se las obliga a cometer delitos". Se las encierra en recintos vigilados y se les confiscan tanto sus pasaportes como sus teléfonos para limitar sus movimientos y comunicaciones con el exterior. Muchas de las víctimas son personas migrantes procedentes del sur de Asia, pero también de países de África y de América Latina.
Estas tramas criminales se dispararon tras el covid-19, pues la pandemia obligó a cerrar los casinos y a las bandas que operaban en ellos a buscar otras vías de negocio. Las apuestas ilegales y el fraude a través de criptomonedas han sido dos de las alternativas que han encontrado.
La autora del informe, Pia Oberoi, ha señalado que la corrupción y la "protección" de las autoridades han permitido que estas bandas sigan operando. "(El negocio) Es tan increíblemente lucrativo que hay muy poca voluntad política para abordarlo de forma integral. No vemos indicios de que realmente se esté frenando, aparte de que los actores deslocalizan sus operaciones cuando hay alguna presión policial", ha explicado la asesora principal de la ONU sobre migración y derechos humanos para la región de Asia y el Pacífico.
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