La guerra con Disney llega a los tribunales y golpea a DeSantis

Ningún republicano en el poder ha librado una guerra más efectista y efectiva que Ron DeSantis contra lo que los conservadores de Estados Unidos denuncian como “cultura woke”, un concepto etéreo y ya politizado con el que la derecha asalta causas de justicia en cuestiones como la raza, el género, la orientación sexual o las inversiones socialmente responsables. Pero el gobernador de Florida ha topado en esa lucha con un enemigo formidable: Disney. Y el enfrentamiento entre ambos ha escalado hasta llegar esta semana a los tribunales, dando de momento un golpe político inesperado a DeSantis.

La crisis empezó después de que Disney, bajo la presión de parte de sus empleados de su diversa plantilla, criticara el impacto negativo la Ley de Derechos Parentales en Educación, popularmente conocida como “no digas gay”, que aprobó el gobernador, y que ha vetado la conversación y enseñanza en escuelas públicas de cuestiones de orientación sexual e identidad de género. DeSantis respondió aprobando legislación que quitaba a la compañía, que tiene 75.000 empleados en los parques e instalaciones de Disney World y lleva al estado 50 millones de visitantes anuales, el estatus fiscal especial que tenía desde 1967 y que le permitía prácticamente el autogobierno.

DeSantis se arrogó además el derecho de nombrar a la junta directiva del rebautizado distrito, pero la anterior, justo antes de perder el poder, aprobó dos medidas que dejaban el control en manos de Disney prácticamente a perpetuidad. Fue una maniobra legal pero que pilló por sorpresa a DeSantis. Y este miércoles la nueva junta nombrada por el gobernador anuló esas dos medidas, a lo que la compañía respondió presentando una demanda en la que asegura que se han violado sus derechos constitucionales de libertad de expresión.

"Represalia del gobierno"

En la documentación legal los abogados de Disney aseguran que se ha sometido a la compañía a “una campaña de represalia del gobierno”, al que se acusa de usar como arma su poder, y dice que se amenaza su futuro económico. Y Bob Iger, que ha vuelto al puesto de consejero delegado, ha acusado a DeSantis de estar dando pasos que van “contra los negocios y contra Florida”, insinuando que podrían estar peligro inversiones de 17.000 millones de dólares en una década y la creación de 13.000 puestos de trabajo.

Donald Trump, Nikki Haley y Assa Hutchinson, aspirantes formales a la nominación presidencial republicana para 2024 en una carrera en la que se da por sentado que participará DeSantis, han atacado no a Disney, sino al gobernador. Trump ha hablado de “un truco político” que ha tildado de “innecesario”. Haley colgó un tuit invitando a Disney a instalarse con sus empleos en Carolina del Sur. Y el exgobernador de Arkansas le dijo a Fox News: “No usas el fuerte poder del gobierno para castigar a los negocios. La izquierda hace eso”.

No es solo una cuestión de rivalidad por la nominación. En un partido como el republicano que tiene la filosofía pro-negocios en su ADN, la guerra entre DeSantis y Disney, con sus aires de venganza personal, despierta dudas y críticas, incluso cuando se respalda la corriente de lucha contra lo que se tilda de “capitalismo woke”. El senador de Florida Marco Rubio, aun respaldando a DeSantis en el caso específico de Disney, ha mostrado su preocupación de que se asuste a los inversores en el estado. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara Baja y republicano más poderoso de EEUU, ha instado al gobernador a sentarse a negociar (y le ha afeado que amenace con construir una cárcel en el complejo de Disney). El senador Lindsay Graham ha dicho “entender” que las corporaciones están bajo presión para ser “políticamente correctas”. E incluso algunos de los legisladores estatales republicanos que han trabajado para aprobar las leyes de DeSantis ahora mantienen silencio o le critican.

La demanda presentada por Disney en un tribunal de distrito del norte de Florida ha recaído en el juez Mark Walker, un magistrado que fue nombrado por Barack Obama. Aunque algunas de sus decisiones se han alineado con el gobierno de DeSantis, Walker ha actuado también para tratar poner coto a algunas de las leyes más radicales del gobernador. Y por ejemplo tildó de distópica una conocida como “stop Woke”, que limita la enseñanza o formación sobre cuestiones de raza o diversidad.