Cuatro fallecidos
Francia juzga el lunes al único imputado del atentado contra la comunidad judía de 1980
El acusado, Hasán Diab, reside en Canadá y no se plantea ir a declarar a París, por miedo a un "un juicio exprés"
El Periódico
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Un tribunal francés comienza el próximo lunes un juicio contra el único imputado por el atentado de 1980 contra una sinagoga en París, que fue el primer ataque contra la comunidad judía desde la liberación tras la Segunda Guerra Mundial, que se saldó con cuatro fallecidos y 40 heridos.
Se trata del libanés-canadiense Hasán Diab, ahora mismo residente en Ottawa (Canadá) tras décadas inmerso en un laberinto legal que conoció sus últimos episodios en 2018, cuando los jueces de la investigación consideraron en que "no existían pruebas lo suficientemente convincentes para su imputación" y después en 2021, cuando la corte revirtió su decisión y decidió remitir su caso al Tribunal Especial de Lo Penal de París.
Para entonces, Diab, de 69 años, ya había regresado a Ottawa, con su familia, y no se plantea regresar a Paris para comparecer en el juicio, aunque sí estarán presentes sus abogados, quienes intentarán desestimar los cargos, según informan al portal de noticias canadiense Rabble. El atentado fue atribuido a un grupo disidente del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP-OS. El nombre de Diab aparecía en un pasaporte incautado a un presunto miembro de la organización.
Un portavoz del comité de apoyo a Diab en Canadá, Roger Clark, teme "un juicio exprés" que resulte en un veredicto de culpabilidad "que sería utilizado por los franceses para pedir la extradición de Hasan y que cumpla su condena en Francia". La condena del Tribunal Especial puede ser apelada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero será un proceso largo y costoso.
Los abogados de Diab temen que se repita lo ocurrido en 2014, cuando un magistrado de Ontario extraditó a Diab a Francia a pesar de la debilidad de sus pruebas en su contra. El abogado Donald Bayne asegura que las autoridades francesas dieron información errónea a Canadá sobre las mismas, y por ello su cliente acabó tres años en prisión mientras las autoridades llevaban a cabo una investigación que acabó en nada.
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