La oposición de Bielorrusia plantea bloquear el tráfico ferroviario de mercancías para lograr la liberación de los presos políticos en su país

Todas las tentativas de lograr la excarcelación de los miles de detenidos en Bielorrusia en los años transcurridos tras la falsificación de las elecciones han fracasado

Los partidarios del opositor Valeri Tsekpalo son partidarios de medidas de presión contra Minsk, ya que mayoría de las exportaciones chinas hacia Europa atraviesan el país de Lukashenko

Archivo - Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia.

Oficialmente, casi un millar y medio de personas permanecen encarceladas en Bielorrusia por motivos políticos, aunque muy probablemente la cifra real ronda los 5.500 si se incluyen aquellos detenidos que han sido condenados por delitos comunes pero que en realidad son resultado de la brutal represión contra la oposición desencadenada por el régimen de Aleksándr Lukashenko en el verano de 2020, tras la celebración de unas elecciones presidenciales calificadas de "amañadas" por las voces críticas. En este tiempo transcurrido, todas las tentativas para lograr su liberación han fracasado, razón por la cual, la oposición bielorrusa comandada por Valeri Tsepkalo, uno de los candidatos ulteriormente vetados por las autoridades electorales en Bielorrusia, está empujando en favor de medidas de presión de mayor calado, en particular el bloqueo del tráfico ferroviario de mercancías, una decisión cuyas consecuencias económicas, según su opinión, podría obligar a Minsk a dar su brazo a torcer.

"Estamos planteando a europarlamentarios y embajadas europeas esta propuesta", asegura un portavoz opositor desde Varsovia. "Una parte importante del comercio de China con Europa pasa por Bielorrusia; si se bloquea el tráfico ferroviario, Lukashenko tendrá que aceptar la excarcelación", ha puntualizado. La idea, según el politólogo bielorruso Dmitri Bolkunets, surgió "a raíz de la reciente liberación de 200 presos políticos en Nicaragua", oficialmente una medida unilateral adoptada por Managua, aunque todos los observadores dan por descontado que se produjo algún tipo de ultimátum sobre el régimen de Daniel Ortega. Además, según este analista, se trata de un paso que ya cuenta con un precedente exitoso: durante la crisis migratoria de 2021, cuando Bielorrusia trasladó hasta su frontera con Polonia y Lituania a decenas de miles de inmigrantes traídos de Irak y Afganistán, Varsovia "amenazó a Minsk con cortar el tráfico de mercancías" y en cuestión de días la presión cedió. "Nosotros no pedimos armas como Ucrania, pero sí medidas de apoyo", concluye Bolkunets.

⚡️#TimeToAct
📢We appeal to the leaders of the #EU 🇪🇺, #US 🇦🇺, #UK 🇬🇧and other countries to make immediate efforts to release all #PoliticalPrisoners in #Belarus

✍️ Please SIGN & SHARE this petition!#UltimatumToLukashenka #FreePoliticalPrisoners 🧵https://t.co/qAgC6tOrvY
— Belarus Democratic Forum (@Belarus_Forum) 24 de marzo de 2023

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La proximidad de la guerra en Ucrania ha dejado en un segundo plano la situación en el interior de Bielorrusia, país que en el verano-otoño de 2020 vivió unas multitudinarias protestas contra el jefe del Estado tras unas elecciones presidenciales calificadas de "fraudulentas", aunque muchos observadores consideran que en realidad, ambas realidades son parte de un mismo conflicto. El apoyo de Rusia apuntaló a Lukashenko en un momento en que éste parecía incluso tambalearse, dada la enorme contestación social después de los comicios, y éste, a cambio, le permitió lanzar la invasión de Ucrania el pasado año desde su territorio. El Kremlin intenta arrastrar a Minsk a adoptar una postura más beligerante en el conflicto, a lo que el presidente bielorruso, acuciado por los problemas internos, se resiste a aceptar.

Ausente de los noticiarios

La crisis de Bielorrusia ha desaparecido de los noticiarios, pero no de los debates políticos. Este viernes, el Departamento del Tesoro estadounidense ha hecho publico una nueva lista de personalidades y entidades de Bielorrusia sancionadas por su participación en la represión contra la disidencia política, que verán congelados todos los bienes que pudieran tener en EEUU, prohibiendo a los ciudadanos norteamericanos realizar transacciones comerciales con ellos. Entre ellos se encuentran Serguéi Nikiforóvich, director de BelAZ, empresa pública especializada en la construcción de maquinaria para movimiento de minerales, y MAZ, compañía también estatal para a fabricación de vehículos pesados. En ambas, los trabajadores fueron intimidados e incluso despedidos para impedir que participaran en las protestas. Asimismo han sido incluidos en la lista negra norteamericana siete nuevos miembros de la Comisión Electoral Central, el organismo que supuestamente materializó el fraude electoral.