Una comisión parlamentaria asume que Johnson era consciente de que violaba normas con sus fiestas

Una comisión de la Cámara de los Comunes de Reino Unido ha examinado las fiestas organizadas en Downing Street en la peor época de la pandemia de COVID-19 y ha concluido que para el entonces primer ministro, Boris Johnson, tenía que ser "obvio" que se estaba violando la normativa sanitaria impuesta por el propio Gobierno.

La Comisión de Privilegios ha sembrado por tanto nuevos dudas en torno al grado de responsabilidad del propio Johnson, que en sus primeras reacciones restó importancia a lo que describió como reuniones de trabajo, pese a las pruebas posteriores que demostraron que eran fiestas al uso.

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La investigación, que aún no es definitiva, plantea una batería de ejemplos que demostrarían que el exdirigente pudo haber mentido a los diputados, a la espera de que el propio Johnson ofrezca su propia versión este mismo mes.

El comité no ha encontrado pruebas fehacientes de que Johnson mintiese "a sabiendas", pero sí ha señalado que "no corrigió" los posibles errores "a la primera oportunidad", lo que entienden como apropiado en este caso.

Además, "hay pruebas de que las personas que asesoraban a Johnson sobre lo que contar a la prensa y a la Cámara (de lo Comunes) tenían difícil defender que algunas de las reuniones cumplieron la normativa", reza el informe.

Johnson ha afirmado a BBC que, tras "diez meses de trabajo", el informe no confirma que "supiera o sospechara" de irregularidades. "Cuando le dije a la Cámara que se habían seguido las normas y los protocolos, era lo que creía sinceramente", ha alegado.

Posibles represalias

La Policía ya multó en su día a más de 80 personas, incluido Johnson, por violar con dichas fiestas las normativas que prohibían mezclar distintas burbujas familiares o celebrar este tipo de eventos, ajenos a la actividad laboral.

El conocido como 'Partygate' puso contra las cuerdas a Boris Johnson, que terminó dimitiendo tras perder la confianza de su propios compañeros de partido, pero ahora lo que puede estar en juego es su posible continuidad como diputado, clave para una hipotética vuelta a la primera línea.

Si se confirma que Johnson mintió ante el Parlamento, podría ser suspendido o incluso expulsado, lo que obligaría a convocar una elección para cubrir su escaño. Sin embargo, cualquier potencial sanción depende en última instancia de una votación en el Parlamento.

La comisión también ha lamentado la falta de colaboración del gabinete de Johnson, que habría modificado parte de los documentos entregados aunque fuesen de dominio público. De hecho, no tuvo acceso a todo el material hasta que Rishi Sunak llegó a Downing Street, ya en noviembre.