Los jubilados chinos protestan por el recorte de sus coberturas médicas

Cientos de jubilados, quizá miles, se han echado a la calle contra los recortes de la cobertura médica. Las protestas nacieron una semana atrás y alcanzan ya tres ciudades. No inquieta su número sino su umbral de contagio porque están relacionadas con un problema generalizado, las castigadas arcas locales por la política cero covid, que obliga a Pekín a encontrar una solución urgente.

Las imágenes de las redes sociales muestran a cientos de ancianos en el parque Zhongshan de Wuhan, capital provincial de Hubei. Es su segunda concentración tras la de la semana pasada, resuelta con exquisito tacto por las autoridades. La mañana del jueves ya ha habido choques entre los concentrados y la nutrida presencia policial, de uniforme y paisano, que lidiaba con las protestas. Las vallas no han impedido el acceso al parque y los roces han derivado en enfrentamientos y detenciones puntuales. Algunos cantaban 'La Internacional', un himno frecuente en los actos del Partido Comunista, para subrayar que no les mueven pulsiones golpistas sino la voluntad de resolver un conflicto concreto. También se escuchó durante las protestas de meses atrás contra la política del cero covid.

Otros cientos de pensionistas se habían juntado ayer en el parque Renmin de Dalian, capital provincial de Liaoning, para gritar que les devolvieran el dinero de su seguro médico. Y un mes atrás se vieron escenas similares en Guangzhou, capital provincial de Guandong. Las protestas han alcanzado ciudades del centro, este y sur, separadas por miles de kilómetros, lo que subraya el carácter nacional del problema.

"El tazón de acero con arroz"

La mayoría de los concentrados son antiguos funcionarios y empleados de empresas estatales, muchos del sector del acero y el carbón, que lamentan la ruptura de un pacto social. El empleo público se conoce en China como "el tazón de acero con arroz". Proporciona ingresos bajos pero seguros y una jubilación holgada con envidiable cobertura médica. Incluso tras la apertura, con un sector privado que ridiculiza los salarios del público, muchas familias buscan en ellos un refugio frente a la incertidumbre. Los recortes se entienden como una traición. Los gobiernos provinciales los han disfrazado de “reformas” y prometido que la mengua de sus ingresos queda compensada con un mayor número de servicios ofrecidos. Ha sido inútil.

El germen es la crítica situación económica de los gobiernos provinciales. Durante décadas obtuvieron sus ingresos de la venta de suelo público con las que sufragaban las infraestructuras pero su endeudamiento elefantiásico obligó a Pekín a embridar sus vías de financiación. La crisis del sector inmobiliario ya había agravado el cuadro y aún faltaba el coronavirus. La política del cero covid cargó a los gobiernos locales con tests diarios masivos y la construcción de centros de cuarentena en un contexto económico depresivo. La confabulación de factores ha vapuleado las arcas de provincias tan rutilantes como Guangdong, el pulmón económico del sur. En Hebei, la provincia que abraza a Pekín, quedaron suspendidos los subsidios al gas natural en lo más crudo del invierno.

El coronavirus aceleró un proceso inquietante. La sostenibilidad del sistema de pensiones es un problema global pero ningún país sufre una situación tan delicada como China. Su baja natalidad conduce a un país avejentado antes de alcanzar el pleno desarrollo con una relación inasumible entre la población trabajadora y dependiente. La gravedad obligará en breve al Gobierno a elevar el umbral de la jubilación, situado ahora en los 55 años para las mujeres y los 60 para los hombres. Es un vestigio maoísta, comprensible en tiempos de hambrunas y guerras, pero ridículo cuando la esperanza de vida china ha superado a la estadounidense. Esa reforma que Pekín ha retrasado por miedo a las convulsiones sociales es ya obligada. Las protestas esporádicas de centenares de ancianos anticipan un horizonte convulso ante lo que la población entenderá como la ruptura encadenada de pactos con el Gobierno.