Qué es el protocolo de Irlanda del Norte: cinco claves

Lo que no fue posible con Theresa May ocupando el número 10 de Downing Street podría serlo en los próximos días con Boris Johnson en su lugar, siempre y cuando los unionistas del Ulster (DUP) no tumben el acuerdo tejido por Londres y Bruselas y que incluye un nuevo protocolo para Irlanda, con un mecanismo alternativo a la salvaguarda irlandesa, para evitar el regreso de una frontera física a la isla de Irlanda y proteger el Acuerdo de Viernes santo, el gran objetivo desde el principio. 

Controles aduaneros

La solución, según ha detallado, se basa en cuatro elementos. El principal, tal y como exigía Londres, es que Irlanda del Norte seguirá legalmente formando parte del territorio aduanero del Reino Unido lo que le permitirá seguir beneficiándose de los acuerdos comerciales que pueda firmar en el futuro el Gobierno británico. Sin embargo, el territorio norirlandés seguirá vinculado al código aduanero europeo y al mercado interior lo que significa que Irlanda del norte tendrá que seguir aplicando las normas sanitarias y fitosanitarias, el IVA, las reglas de ayudas de Estado y los aranceles de la UE. Para eliminar las distorsiones a la competencia en el mercado interior de bienes y mantener cierta coherencia entre el norte y el sur de la isla el acuerdo recoge que Irlanda del Norte aplicará las reglas sobre IVA de la UE, incluidas las exenciones y tipos de IVA reducidos.

Frontera en el mar

Tal y como se habían comprometido ambas partes, no habrá frontera física en la isla –estará en el mar de Irlanda- lo que obligará a realizar algunos controles para los productos procedentes de Gran Bretaña a Irlanda del Norte aunque serán limitados y estarán sujetos a un análisis de riesgos. “Para cuadrar el círculo, las autoridades británicas podrán aplicar tarifas aduaneras británicas a productos procedentes de terceros países siempre que no haya riesgo de que entren en nuestro mercado interior. Para aquellos sobre los que sí exista el riesgo se les aplicarán aranceles europeos”, ha explicado Barnier. El sistema no está exento de riesgos. Para minimizarlos, la UE y el Reino Unido establecerán un mecanismo de evaluación en base a algunos criterios como el destino final de los bienes o si son productos de consumo habitual. Será el comité conjunto de la UE y el Reino Unido, incluido en el acuerdo de divorcio, quien tendrá la última palabra y las autoridades británicas las que controlarán la entrada de mercancías. 

Aval de Stormont

La salvaguarda permanente sobre Irlanda del Norte desaparece y será Parlamento norirlandés de Stormont el que que decida cuatro años después de la salida de la UE  y por mayoría simple si quieren seguir aplicando las reglas de la UE o si no quieren. Si deciden que no quieren seguir en el sistema europeo tendrá que volver a instaurarse una frontera física tras un período de transición de dos años. Este consentimiento tendrá que revalidarse cada cuatro años. Se trata de una concesión enorme por parte de la UE y del primer ministro irlandés, Leo Varadkar, ya que hasta ahora los 27 siempre habían defendido que cualquier salvaguarda debía ser permanente y no limitada en el tiempo. "Su durabilidad estará ligada a la verificación democrática regular. Ahora hay que tener confianza en este sistema”, ha indicado Barnier.

Futura relación

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El acuerdo también incluye la revisión de la declaración política sobre las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido que marcará los contornos de la futura relación. El Gobierno de Boris Johnson ha dejado claro que quiere únicamente un acuerdo de comercio pero finalmente se han comprometido, según Barnier, a mantener los estándares europeos en materia de derechos sociales, protección del medioambiente, ayudas de Estado o fiscalidad lo que minimizará los riesgos de 'dumping' social, medioambiental o laboral en el futuro. 

Veto sobre el Peñón

Los dos únicos elementos revisados en el acuerdo son el protocolo para Irlanda y la declaración política lo que significa que no se tocan ni las garantías dadas para proteger los derechos de los 3,3 millones de ciudadanos europeos y británicos afectados por la salida, ni la factura que tendrá que pagar Londres para salir de la UE (unos 45.000 millones) ni el poder de veto de España sobre Gibraltar en el marco de las relaciones futuras o durante el período transitorio que arrancará tras la salida. Dicho de otra forma, el Gobierno español seguirá teniendo la última palabra en cuanto a la aplicación del futuro acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido en el Peñón.