El Gobierno francés presenta una nueva ley migratoria en pleno pulso por las pensiones

En plena contestación social por la reforma de las pensiones, el Gobierno de Emmanuel Macron ha presentado este miércoles otro proyecto de ley que generará controversia en Francia. Y que puede causar más de un dolor de cabeza al presidente francés por la dificultad de alcanzar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional para aprobarlo.

El Ejecutivo centrista ha examinado en el Consejo de Ministros una nueva legislación migratoria con la que pretende acelerar las expulsiones de migrantes en situación irregular y de aquellos que cometan delitos graves. También propone, como barniz social, la creación de un permiso de residencia especial para los trabajadores extranjeros de profesiones con escasez de mano de obra.

"Ser bueno con los buenos y malo con los malos". Con esta fórmula simplista, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, resumió el proyecto de ley. "Francia debe decidir a quién quiere y a quién no quiere acoger", dijo este mediodía el ambicioso Darmanin, 40 años, un discípulo del expresidente conservador Nicolas Sarkozy y cuyo nombre suena como aspirante a suceder a Macron.

En concreto, el Ejecutivo pretende disminuir el número de recursos judiciales que pueden presentar las personas migrantes en situación irregular y que se enfrentan a una orden de expulsión del territorio. También se facilitarán las expulsiones de los extranjeros que cometan delitos con penas de al menos 10 años de prisión, incluso de aquellos que lleven viviendo en Francia desde hace más de dos décadas. Además, se acelerará la tramitación de las peticiones de asilo con el objetivo de "alejar más rápido a aquellos que deben ser expulsados e integrar mejor a los que puedan quedarse".

Cerca de 30 leyes migratorias desde 1980

Aunque desde el macronismo insisten en que no solo resultará un texto de mano dura contra los extranjeros, estas medidas indignaron a numerosas asociaciones humanitarias. "Se trata de la enésima ley que endurecerá el derecho para los refugiados. El mensaje (que el Gobierno quiere dar) es: vamos a hacer la vida imposible a aquellas personas que ya sufren una gran precariedad a través de todas las nuevas pequeñas astucias como la reducción de los plazos a los recursos" judiciales a una orden de expulsión o denegación del asilo, criticó Yann Manzi, fundador del colectivo bretón Utopía 56, en declaraciones al diario progresista Libération.

Francia, donde los prejuicios xenófobos de la ultraderecha irradiaron en el resto de los partidos, ha aprobado hasta 28 leyes migratorias desde 1980. Macron ya había impulsado en 2018 un polémico texto con el que se aumentó de 45 a 90 días el periodo máximo en que un extranjero puede ser encerrado en un centro de retención administrativa, el equivalente francés de los CIE. 

Durante la última década, las órdenes de expulsión de migrantes se multiplicaron por dos, pasando de unas 60.000 en 2011 a más de 120.000 en 2019. Pero poco más de un 10% de ellas terminan efectuándose, debido a la difícil coordinación con los países de origen. El año pasado estuvo marcado por la peculiaridad de un aumento de las expulsiones (hasta 15.396), pero también de los permisos de residencia concedidos (un 17% más respecto a 2021) en plena recuperación económica pospandemia. 

El nuevo permiso de residencia, motivo de controversia

Debido a la necesidad de mano de obra del empresariado en algunos sectores —y para darle un toque social a una ley dura—, el texto incorpora la creación de un permiso de residencia especial para aquellas profesiones con escasez de mano de obra, como los obreros de la construcción, trabajadores agrícolas o auxiliares sanitarios. Este nuevo permiso tendrá una duración de un año (renovable), es decir, un periodo más corto que el permiso de residencia tradicional (10 años). Y podrán pedirlo aquellos extranjeros que residan en Francia desde hace más de tres años y hayan trabajado en alguno de estos sectores.

"No comportará un número consecuente de regularizaciones", dijo el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, sobre una medida que podría perder buena parte de su sustancia durante el debate parlamentario. Como no dispone de mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, Macron necesita los votos de Los Republicanos (LR, afines al PP), pero estos ya han asegurado que no la votarán si no suprimen la creación del permiso de residencia especial. 

Para suavizar su oposición, Darmanin ya les ha propuesto "discutir" sobre la creación de cuotas del número de migrantes a los que se daría estos certificados. Pero LR no va a dar su brazo a torcer con facilidad sobre una cuestión migratoria que considera fundamental. De hecho, los postulados en esta materia de la derecha republicana se parecen cada vez más a los de la ultra Marine Le Pen.