El Congreso de Perú acepta volver a discutir el adelanto electoral para resolver la crisis

La crisis política peruana, que carga con al menos 65 muertos desde comienzos de diciembre, acaba de obtener un respiro que puede ser fugaz: el Congreso aceptó "reconsiderar" la fecha de las elecciones anticipadas. La presidenta interina, Dina Boluarte, había reclamado realizarlas el último trimestre de este año. "Digamos al Perú entero que nos vamos todos", expresó en su discurso de la noche del domingo, bajo la advertencia de que si la legislatura se negaba a allanar el camino impulsaría reformas constitucionales que permitieran alcanzar ese objetivo. "Señoras y señores congresistas tienen que entender su responsabilidad histórica, el día de mañana tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano", dijo y pocas horas después, el Parlamento votó a favor discutir una modificación de un calendario que todavía tenía que ser ratificado. La primera fecha imaginada, abril de 2024, se había vuelto demasiada lejana en el tiempo con el actual grado de conflictividad social.

La "reconsideración" de la agenda electoral contó con 66 votos favorables, en buena parte provenientes de la bancada fujimorista. Boluarte no cuenta con legisladores propios. Cuarenta y nueve congresistas le dijeron "no" a la iniciativa y seis se abstuvieron. En breve, los congresistas deberían decidir si finalmente aceptan el horizonte trazado por el Gobierno provisional. Para dejar una cuota de suspenso en el aire, el Parlamento se tomará el tiempo necesario y escuchará los argumentos de todos sus integrantes.

La mala imagen del Ejecutivo y el Legislativo

Una de las singularidades de la crisis política peruana que estalló tras la destitución por parte del Congreso del presidente Pedro Castillo, tras su fallido intento de cerrar ese poder del Estado, es el profundo desprestigio de todas las autoridades ejecutivas y legislativas. La impopularidad de Boluarte es del 73%, de acuerdo con la reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

El Congreso, que desde 2018 se ha convertido en una máquina de promover mociones de censura, tiene una imagen más desfavorable: reprueban su papel un 89% de los ciudadanos. En el sur del país, el epicentro del conflicto que estalló a principios de diciembre pasado, hasta extenderse hacia la capital, la mirada negativa llega al 93%. Un 76% de los peruanos rechazan en tanto al titular del Congreso, el ultraderechista José Williams Zapata.

El adelantamiento de los comicios es la única carta que tiene en sus manos Boluarte para evitar un desenlace más trágico. Más de 1070 manifestantes han sido heridos durante las protestas. La situación de la mandataria interina no tendrá respiro a pesar de que se modifique la fecha de la contienda electoral. De acuerdo con el influyente analista político César Hildebrandt, las investigaciones sobre los hechos que han enlutado al país confirman el papel del Ejército y de la Policía Nacional (PNP) "en las matanzas perpetradas entre diciembre y enero, lo que traza un futuro entre sombrío y carcelario para Boluarte". Ella no ha dejado de señalar que Perú está afrontando una "espiral de violencia" con las protestas antigubernamentales. Los reclamos en las calles de un cierre del Congreso y la salida de Boluarte tuvieron, según la visión de la autoridad provisional, a los uniformados como las principales víctimas. "La policía es agredida a mansalva por un grupo organizado que quiere sembrar el caos, el odio entre todos los peruanos".

Dos proyectos de reforma

La carta que ha manejado Boluarte durante las últimas horas de tensión incluyó una reforma constitucional para que las elecciones generales "sean indefectiblemente" en octubre de este año, con una eventual segunda vuelta presidencial en diciembre. "Esta propuesta normativa responde a la imperiosa necesidad de mejorar los niveles de legitimidad democrática de la representación política del país, situación que va a permitir a la población canalizar institucionalmente, y no por la violencia, sus principales demandas a la agenda política nacional", ha enfatizado. El proyecto incluye una discusión, por parte de las futuras autoridades legislativas, de las bases institucionales heredadas de la autocracia de Alberto Fujimori (1990-2000). El objetivo es una "reforma total de la Constitución de 1993". Es poco probable que el fujimorismo abra la puerta a esa iniciativa que promueven en especial distintas fuerzas progresistas.