El Parlamento Europeo enviará una misión a España en marzo por el caso Pegasus

La comisión del Parlamento Europeo que investiga el escándalo del programa de espionaje Pegasus quiere enviar una misión a España el próximo 20 y 21 de marzo para recabar información sobre el uso de este software informático de vigilancia. Es lo que han decidido este martes los coordinadores de la comisión de investigación que, en los últimos meses, han enviado misiones a Israel, Polonia, Grecia o Chipre y que lo hará en febrero a Hungría. La decisión -que todavía tiene que ser confirmada por la conferencia de presidentes de la Eurocámara- ha coincidido con la presentación del borrador de recomendaciones que pide al Gobierno de Pedro Sánchez “plena claridad” sobre los presuntos casos de utilización del programa espía, que garantice “vías de recurso reales” para todas las víctimas y que las investigaciones judiciales concluyan sin demora y que resuelva “urgentemente la actual crisis del poder judicial”.

“Desde el Partido Popular no tenemos ninguna duda sobre el excelente trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nuestros servicios de inteligencia” pero la gestión del caso de espionaje por parte del Ejecutivo “ha sido muy deficiente”, ha criticado el coordinador del grupo popular europeo en la comisión, el ex ministro Juan Ignacio Zoido que ha explicado que el Gobierno ni ha colaborado con el Parlamento Europeo ni con su comisión de investigación. “Su presidente -el holandés Jeroen Lenaers- remitió un cuestionario al Gobierno español hace meses que ha sido completamente ignorado”, ha añadido Zoido. 

Según han denunciado el propio Lenaers durante la reunión de la comisión parlamentaria España no es el único y otros gobiernos europeo interrogados sobre lo mismo tampoco han respondido. Es más, este martes estaba prevista una audiencia sobre “servicios de inteligencia: mapear los procedimientos en el desarrollo de programas espía” que ha tenido que ser cancelada. “Desgraciadamente ayer nos informaron que ninguno de los países invitados participarían. Tenemos que ver cómo hacer un seguimiento pero parece un enfoque sistemático de la mayoría de los Estados miembros de no cooperar con esta comisión. No hemos recibido respuesta a los cuestionarios que hemos enviado. Personalmente estoy un poco harto”, ha criticado.

Infracciones y mala administración

El borrador de recomendaciones elaborado por la liberal holandesa Sophie in T’veld, que en noviembre ya presentó el proyecto de conclusiones, condena el uso de los programas espía por parte de los gobiernos para “supervisar, chantajear, intimidar, manipular y desacreditar a la oposición y a las voces críticas, eliminar el control democrático y la libertad de prensa y manipular las elecciones”. Considera que se han producido “infracciones o mala administración” en relación con el uso y el comercio de de este tipo de programas en “Polonia, Hungría, Grecia, España y Chipre”.

El documento, que todavía puede ser objeto de enmiendas y cuya votación será en unos meses, condena la negativa de los gobiernos europeos, el Consejo y la Comisión Europea de “cooperar plenamente con la investigación” y “compartir toda la información pertinente y significativa”. Por ejemplo, apunta que la respuesta colectiva del Consejo es “totalmente inadecuada y contraria al principio de cooperación leal”. También denuncia que ningún Estado miembro, ni el Consejo, ni la Comisión Europea tienen intención “de arrojar luz sobre el escándalo de los programas espía, protegiendo así conscientemente a los Gobiernos de la Unión que violan los derechos humanos dentro y fuera de la Unión”. 

El informe también dispara contra la Comisión que dirige Ursula von der Leyen y el Servicio Europeo de Acción Exterior que comanda Josep Borrell, a quienes acusa de haber incurrido en infracciones y mala administración por prestar apoyo a terceros países, incluidos diez países del Sahel, para permitirles desarrollar capacidades de vigilancia. Pero particularmente contra Polonia, Hungría y Grecia, con una larga lista de recomendaciones.

Conclusiones sobre España

En cuanto a las conclusiones sobre España, aunque el marco regulador español “parece estar en consonancia con los requisitos establecidos en los Tratados y en las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, la aplicación práctica “plantea dudas” dado que “algunos diputados al Parlamento han sido objeto de ataques y ciertos abogados, políticos, activistas y periodistas fueron objeto de ataques sin que existiesen cargos penales ni amenazas inminentes evidentes para la seguridad nacional”. Ante esta situación, el borrador aboga por instar al gobierno a aportar “plena claridad en los presuntos casos de utilización de programas espía”, a garantizar “vías de recurso reales y significativas para todas las víctimas y que las investigaciones judiciales concluyan sin demora”, y a resolver “urgentemente la actual crisis del poder judicial”.

Al igual que hiciera en el informe de conclusiones, el borrador se hace eco de que en España existirían dos categorías de objetivos. En la primera estarían el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, Margarita Robles, que “según se cree, han sido objeto del espionaje marroquí”. En la segunda categoría se encontrarían “sesenta y cinco víctimas” del llamado “CatalanGate”, y entre las que se encuentran “parlamentarios catalanes, diputados al Parlamento de Cataluña, abogados y agentes de la sociedad civil catalanes”. Según recoge el informe, las autoridades españolas admitieron en mayor de 2020 haber vigilado a 18 de los 65 con autorización judicial, “si bien se han abstenido de proporcionar más información, invocando razones de seguridad nacional”.