Escándalo de corrupción

El Parlamento Europeo revisará sus reglas para evitar un nuevo 'Qatargate'

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ultima un plan con 14 medidas para reforzar el control y la rendición de cuentas

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante su rueda de prensa de este lunes.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante su rueda de prensa de este lunes. / FREDERICK FLORIN

Silvia Martinez

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El Parlamento Europeo ultima ya el plan de transparencia con el que reforzar la vigilancia, restaurar la confianza y evitar que se repita un nuevo escándalo de corrupción como el llamado Qatargate, que ha hecho temblar los cimientos de esta institución tras la imputación de Eva Kaili, destituida de la vicepresidencia de la Cámara. El plan de 14 medidas que la presidenta del Europarlamento, Roberta Metsola, presentará este jueves a la conferencia de presidentes –que reúne a los líderes de los nueve grupos políticos– contempla obligar a los eurodiputados a declarar todas sus reuniones, lo mismo que a lobistas y organizaciones que participen en audiencias y otras reuniones, reemplazar los pases permanentes a los que tienen derecho los exeurodiputados por otros diarios, prohibir los grupos de amistad con terceros países o exigir más detalle en las declaraciones de intereses financieros de los miembros de la Cámara.

Se trata, según el borrador de documento preparado para la reunión y consultado por EL PERIODICO, del "punto de partida" hacia una reforma más amplia tal y como prometió Metsola en diciembre. "Los acontecimientos del mes pasado han llevado a la necesidad de reconstruir la confianza con los ciudadanos europeos a los que representamos. Los ciudadanos, con razón, reclaman responsabilidad e integridad", señala el texto que plantea 14 medidas que podrían ponerse en marcha "a corto plazo" para reformar las herramientas de transparencia de la institución. Y lo primero será incluir en el arsenal de la Eurocámara una medida que dificulte las puertas giratorias, con un periodo transitorio tras el final del mandato parlamentario en el que los antiguos eurodiputados –como el italiano Pier Antonio Panzeri, el supuesto cerebro de la trama del Qatargate– no podrán hacer lobby en la institución. 

El plan plantea un período de 12 meses aunque según la organización Transparencia Internacional el plazo debería ser equivalente al tiempo que el eurodiputado perciba la "dieta de transición" –entre 5 y 24 meses máximo– y que equivale a un mes de salario (9.800 euros brutos) por año trabajado como eurodiputado. El listado también contempla la posibilidad de introducir una "ficha de integridad" en la página web del Parlamento Europeo que centralice y mejore el acceso a información sobre sanciones, declaraciones de regalos, de viajes no pagados por la cámara, de reuniones y al registro de transparencia. Además, la inscripción en este registro deberá ser una "obligación" para todos aquellos que quieran participar en audiencias y otros eventos para lobistas, oenegés y otros representantes de intereses y se podría limitar el número de acreditaciones por organización. 

Informar de todas las reuniones

Otra de las medidas largamente demandadas y recogidas en el documento que analizarán los grupos políticos se refiere a la obligatoriedad de publicar las reuniones de todos los eurodiputados con terceros relacionadas con la Eurocámara y que sean de fácil acceso al público. Se trata de una exigencia que solo se aplica actualmente a los presidentes de comisiones parlamentarias, ponentes y ponentes en la sombra de informes. "Esta obligación podría extenderse a todos los miembros, todos los asistentes parlamentarios acreditados, miembros de los grupos políticos y miembros del Parlamento Europeo", apunta el texto.

El plan también contempla prohibir los grupos de amistad con terceros países porque pueden llegar a generar confusión con la actividad oficial del Parlamento Europeo mientras que los países terceros tendrán que interactuar directamente con la comisión de asuntos exteriores, las delegaciones existentes para las relaciones con terceros países u otros comités parlamentarios. Para reforzar el control sobre quién entra y sale de la institución la idea es crear un nuevo registro de entrada de forma que todas aquellas personas que quieran acceder a la sede del Parlamento Europeo notifiquen la hora y el día de entrada así como el objeto de la visita.

Acreditación de exeurodiputados

Hasta ahora los exdiputados tienen derecho a una acreditación permanente que les permite invitar a quien quieran a la sede del Parlamento Europeo. Tras el escándalo, la idea es reemplazar el pase permanente por uno diario y eliminar la potestad de que puedan invitar a terceros. Una vez terminado el período transitorio si quieren entrar como lobistas tendrán que inscribirse en el registro de transparencia y apuntarse cada vez que quieran acceder. El plan también quiere endurecer las obligaciones en materia de intereses financieros para evitar potenciales conflictos y más detalle en las declaraciones de intereses financieros y las actividades paralelas que tienen muchos eurodiputados y por las que también pueden percibir ingresos. Según Transparencia Internacional, la Eurocámara debería eliminar las categorías e introducir las cantidades concretas para garantizar la precisión así como una descripción exacta del sector.

Por último, el plan también menciona la necesidad de reforzar el código de conducta, de hacer obligatoria la formación para todos los asistentes parlamentarios sobre reglas financieras y denuncia de irregularidades, impulsar la cooperación contra la corrupción y revisar la lista de las actividades sancionables. "Las propuestas son un gran paso en la dirección correcta. Contienen algunas reformas largamente esperadas por las que nosotros y otros hemos estado haciendo campaña durante muchos años. Se hace hincapié en la aplicación de las normas, algo que hasta ahora no se había hecho", ha valorado el director de Transparencia Internacional UE Michiel van Hulten, que sin embargo ve lagunas importantes. "El Parlamento sigue confiando plenamente en la autoaplicación de las normas" y "sabemos que eso no funciona", avisa.