Represión en el país asiático

La ONU denuncia un aumento "dramático" de crímenes del Ejército birmano contra civiles

Más de 2.500 personas han fallecido y otras 16.500 han sido detenidas desde el golpe de Estado en febrero de 2021

Soldados de las fuerzas para la Defensa del Pueblo, en el estado Karen, en Birmania.

Soldados de las fuerzas para la Defensa del Pueblo, en el estado Karen, en Birmania. / EFE / MAUK KHAM WAH

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Naciones Unidas (ONU) ha denunciado este viernes que los ataques contra los civiles en Birmania han aumentado de manera "dramática" y asegurado que lleva la cuenta de los crímenes cometidos por la Junta Militar birmana. Birmania se encuentra sumida en una guerra civil desde que el Ejército se hizo con el poder tras el golpe de Estado en febrero de 2021. Desde entonces, más de 2.500 personas han muerto en el marco de las operaciones llevadas a cabo por la Junta y otras 16.500 han sido detenidas, como la depuesta líder birmana Aung San Suu Kyi, según datos de la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania (AAPP).

"La investigación criminal requiere un compromiso a largo plazo para reunir pruebas", ha explicado el jefe del llamado Mecanismo Independiente de Investigación para Birmania, Nicholas Koumjian. El jefe americano se ha pronunciado este viernes a través de un comunicado emitido con motivo del aniversario de la masacre de 35 personas cometida el 24 de diciembre de 2021 por el Ejército birmano en la localidad de Moso, según denunciaron en su momento oenegés internacionales como Save the Children, dos de cuyos trabajadores murieron durante la matanza. Sus cuerpos fueron, como el resto de los asesinados, entre ellos un niño, incinerados por los militares.

Crímenes de guerra

El responsable del mecanismo de la ONU ha asegurado que, en los últimos doce meses, su equipo ha obtenido pruebas de un "espectro de crímenes de guerra y contra la humanidad en Birmana, entre ellas evidencias de asesinatos, violaciones, torturas, detenciones ilegales y deportación forzada", que se suman a este "dramático aumento de ataques deliberados o indiscriminados contra civiles o zonas civiles como escuelas, hospitales o iglesias". "Las pruebas no están destinadas a coger polvo en un archivo, sino que acabarán siendo empleadas ante un tribunal para llevar a los responsables ante la justicia", ha asegurado Koumjian.