Problema de vivienda
Francia amenaza a los okupas con tres años de cárcel
Los diputados de Macron endurecen la ley con el apoyo de los conservadores y la ultraderecha, mientras que la izquierda se opone
El pleno de la Asamblea Nacional francesa. / SARAH MEYSSONNIER / REUTERS
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La Asamblea Nacional francesa aprobó este viernes un proyecto de ley para endurecer las normas contra las ocupaciones de viviendas, con un aumento de las penas de uno a tres años de cárcel y de las multas de 15.000 a 45.000 euros. La medida parte de una iniciativa del bloque parlamentario que respalda al presidente Emmanuel Macron. El cambio quedó aprobada en primera lectura con 40 votos a favor y 13 en contra, gracias al respaldo de los diputados del grupo conservador Los Republicanos y de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen.
La nueva normativa facilita a los dueños las acciones judiciales contra los ocupantes ilegales y los inquilinos que no pagan sus alquileres. Es un problema que afecta a unos 288.000 hogares, según la Caja Nacional de Subsidios Familiares, pero podría crecer por la subida de la inflación.
El diputado Guillaume Kasbarian, principal impulsor de esta propuesta, subrayó durante los debates en la Asamblea Nacional que la normativa protege a los pequeños propietarios que no "nadan en oro". A los cambios se oponían fuerzas de izquierda como La Francia Insumisa (LFI), a las que el oficialismo reprocha querer "proteger a los okupas".
Críticas al cambio
Para las fuerzas progresistas, esta proposición de ley es contraria al derecho a la vivienda, especialmente en un contexto de mercado inmobiliario ya complicado. Advierten que llevará a un aumento de las personas sin techo.
La normativa también endurecerá las penas contra los delincuentes que alquilan ilegalmente a okupas las casas de otras personas. Además, se estipula como obligatoria en los contratos de alquiler una cláusula de extinción, de forma que se acelera el proceso de desahucio al limitar el margen con que los jueces pueden aplicar el plazo que tienen los inquilinos morosos, que puede durar hasta tres años.
Los promotores de esta modificación legislativa insisten en que un 64% de los propietarios tienen únicamente una vivienda en alquiler y un tercio del total son pensionistas. La norma, en cualquier caso, ha suscitado una fuerte polémica e incluso una antigua ministra de Vivienda en el primer mandato de Macron, Emmanuelle Wargon, avisó que se podría romper el equilibrio que se logró con una última reforma legislativa. Wargon adujo que cada año hay únicamente unos 200 casos de ocupaciones, que con la reforma adoptada en 2020 se pueden tratar, y al mismo tiempo se han contenido los desahucios de inquilinos.
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