Boric se lanza a una audaz reforma del sistema de pensiones en un momento de baja popularidad

"No tenemos derecho a seguir haciéndolos esperar". Con una popularidad de apenas el 26% en menos de nueve meses de gestión, el presidente Gabriel Boric también siente que el tiempo le juega en contra. Por eso, ha dado su paso político más audaz al anunciar un proyecto de reformas del sistema de pensiones privado que se diseñó durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y es considerado la matriz del modelo económico que el estallido social de 2019 puso bajo cuestión.

Boric quedó debilitado después de que una consulta popular rechazó la Constitución con la que se buscó canalizar el malestar de 2019. El joven presidente de izquierdas trata de retomar la iniciativa política en condiciones de adversidad. Primero ha lanzado la propuesta de una reforma tributaria. El pasado miércoles decidió hacer frente a una de las grandes demandas de la sociedad. El sistema de las pensiones, conocidas como las AFP, ha sido, desde los años ochenta del siglo pasado, un negocio de proporciones. Se calcula que administra unos 180.000 millones de dólares que tienen su origen en la capitalización individual obligatoria. Esto equivale a más de la mitad del PIB chileno.

Boric aseguró que "las AFP, en esta reforma, se terminan". El Gobierno quiere crear un modelo mixto, con fuerte protagonismo estatal. "Es primera vez que se tocan a las AFP de verdad", dijo Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática (RD), uno de los partidos de la coalición oficial, sobre la propuesta de reforma previsional. En adelante, "existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales". Pero, a la par, se promoverá “una alternativa pública, lo que permitirá promover la competencia con la entrada de nuevos actores”.

Las claves

El proyecto del Ejecutivo contempla que los trabajadores aporten un 10,5% de su sueldo a cuentas individuales heredables. Ellos podrán elegir entre inversionistas privados o que les administre su dinero un ente público. "El sistema entregará libertad para elegir quién invertirá tus fondos de pensiones”, aseguró Boric. A la vez, se establecerá una Pensión Garantizada Universal (PGU) que será financiada con impuestos generales. El tercer pilar de esta iniciativa es un seguro social, financiado a través de una cotización que estará a cargo de los empleadores.

La iniciativa debe pasar por el Congreso, donde la izquierda no tiene mayoría. “Esta reforma nació muerta. No tienen los votos suficientes”, dijo el diputado de derechas, Agustín Romero.  “Veremos quien está por seguir defendiendo el negocio de las AFP", dijo Latorre sobre el sistema mixto. “Chile tiene que cambiar y cambiar para bien, para aquellos dos millones de chilenos que reciben una pensión básica que está por debajo de la línea de la pobreza. Chile requiere además una reforma tributaria que asegure los recursos para implementar esta política pública”, dijo el senador socialista, Gastón Saavedra. Lo que busca el Gobierno es mejorar casi en un 100% las pensiones que se encuentran en su gran mayoría por debajo del salario mínimo, de unos 280 dólares.

"Es un proyecto sólido y va seguir nutriéndose de propuestas, como la de la coordinadora no más AFP. Llamamos a la derecha a que también haga una propuesta, que aún no vemos, y que se centre en mejorar las pensiones actuales y futuras, en vez de defender a las AFP", pidió Boric.

Reacciones

Como era de esperar, el sector privado ha reaccionado negativamente. La AFP Cuprum envió un masivo correo a sus afiliados en el que criticaba duramente la iniciativa. "Están preocupados porque se les acaba el negocio", respondió la ministra del Trabajo, Jeannette Jara. Las AFP, sostuvo, "han ejercido un monopolio, no solo en las gestión de los fondos, sino que también las labores de soporte y administración de cuentas".

Al igual que lo sucedido durante la redacción la fallida Carta Magna, las redes sociales comenzaron a convertirse en un espacio de denostación del proyecto. 'Con mi plata No', es la consigna que ha lanzado Iniciativa Popular de Norma con la adhesión de 60.852 firmas. "El Gobierno no está escuchando a los trabajadores y es muy similar a lo que pasó con la Convención constituyente", dijo uno de los promotores de este nuevo rechazo, Francisco Orrego.

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