Reino Unido
Truss se enfrenta al Parlamento tras dar marcha atrás con su plan fiscal
La jefa del Gobierno, cuyo futuro está en entredicho por los errores cometidos, tendrá que responder a las preguntas del líder del Partido Laborista, Keir Starmer
EFE
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La primera ministra británica, la conservadora Liz Truss, afronta este miércoles la sesión semanal de control al Gobierno en la Cámara de los Comunes después de que el pasado lunes su nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, anulara casi todo su plan económico para estabilizar a los mercados.
La jefa del Gobierno, cuyo futuro está en entredicho por los errores cometidos desde que asumió el cargo el 6 de septiembre, tendrá que responder a las preguntas del líder del Partido Laborista, Keir Starmer, así como de sus propios diputados, preocupados por el rumbo del Gobierno.
Su actuación ante la cámara baja servirá para medir además su capacidad de resiliencia en un contexto hostil, en el que ha perdido autoridad dentro del Partido Conservador y está bajo mínimos en las encuestas de intención de voto. Aunque Truss se ha negado por ahora a dimitir, muchos de sus colegas parlamentarios estudian actualmente cómo sustituirla, si bien de momento no han hallado un candidato de consenso.
Elecciones anticipadas
Hunt, de una facción conservadora diferente a la de Truss, asumió el puesto el pasado viernes en sustitución del cesado Kwasi Kwarteng, en un intento por apuntalar el Ejecutivo -intentando evitar unas elecciones anticipadas que los "tories" perderían- y propiciar la estabilidad financiera.
Para conseguirlo, anuló la práctica totalidad de la estrategia "de crecimiento" presentada el 23 de septiembre por Kwarteng en consonancia con Truss, basada en recortes de impuestos, que beneficiaban sobre todo a empresas y al sector financiero, sin detalles de cómo se reduciría la deuda.
Hunt ha revertido la mayor parte de las rebajas impositivas, ha limitado el alcance de las ayudas energéticas y ha advertido de que espera anunciar grandes recortes del gasto público en una declaración prevista el 31 de octubre, lo que se teme que tenga efectos en las pensiones y los subsidios sociales a los más pobres, entre otras cosas.
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