Recorte de derechos
¿Qué implica la ley marcial rusa que Putin ha aprobado en los territorios anexionados?
El decreto de ley marcial fue ratificado este miércoles por el Senado de Rusia, y formaliza de iure a partir de la medianoche una situación de facto desde hace largo tiempo
Ataque ruso con drones kamikaze en Kiev / VALENTYN OGIRENKO / REUTERS
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El presidente Vladímir Putin ha anunciado este miércoles la aplicación de la ley marcial en los territorios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia recientemente anexionados por Rusia y las autoridades de ocupación han empezado a evacuar a los civiles de la estratégica ciudad de Jersón (sur), ante el empuje de la contraofensiva ucraniana.
El decreto de ley marcial fue ratificado inmediatamente por el Senado de Rusia, y formaliza de iure a partir de esta medianoche una situación de facto desde hace largo tiempo. Esta normativa implica la restricción de libertades y derechos en las zonas a las que afecta y se justifica, según las leyes rusas, por el ataque de un Ejército extranjero sobre un territorio ruso, entre otras razones.
Rusia reivindica así su derecho a aplicar todas sus leyes sobre las regiones ocupadas, aunque ni siquiera controla todo su territorio. Las autoridades prorrusas de Jersón han informado este miércoles del inicio de una ofensiva en la zona por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Refuerzo del poder militar
La ley marcial rusa permite reforzar el poder militar, aplicar toques de queda, limitar desplazamientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y detener a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas.
Pero el jefe del Kremlin no se limitó sólo a reforzar el control en sus nuevas adquisiciones territoriales, sino que redobló mediante otro decreto las medidas de seguridad en todo el país, especialmente en las seis regiones fronterizas con Ucrania, además de la anexionada península de Crimea. Putin concedió además nuevas facultades a los jefes de las regiones rusas con el fin de que adopten medidas de seguridad en relación con la población y con las infraestructuras críticas.
Los jefes de dichas regiones podrán evacuar a la población residente en ciertas zonas, introducir un régimen especial de entrada y salida de sus territorios, y restringir la libertad de movimiento de la población en ellas.
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