Sentenciados a muerte

HRW denuncia torturas a condenados a muerte en Bahréin para que confesaran

Un nuevo informe de la Human Rights Watch y el Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia desvela los métodos de malos tratos que se han usado con varios presidiarios que se encuentran en el corredor de la muerte

El rey de Bahréin, en una imagen de archivo.

El rey de Bahréin, en una imagen de archivo. / EFE

Andrea López-Tomàs

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Hace casi cinco años, la policía bahreiní arrestó a Zuhair Ibrahim Jasim Abdalá. Cuando le detuvieron, los agentes le quitaron la ropa para violarlo y amenazaron con violar a su esposa. Estuvo 55 días en régimen de incomunicación. Durante ese infierno, fue expuesto a malos tratos y tortura, como la desnudez forzada, la electrocución, el acoso sexual o las palizas. Incapaz de soportar tal sufrimiento, Abdalá confesó. La policía consiguió que admitiera la pertenencia a una organización terrorista, la participación en el asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad y la fabricación y detonación de explosivos. Hoy, Abdalá, sin un juicio justo, se encuentra en el corredor de la muerte.

Un nuevo informe de Human Rights Watch ha desvelado la historia de Abdalá y de otros siete presos que, como él, no deberían estar esperando ser ejecutados. Junto al Instituto de Bahréin por los Derechos y la Democracia, la investigación muestra cómo los tribunales del país han condenado y sentenciado a muerte a los acusados tras juicios manifiestamente injustos, basados única o principalmente en confesiones supuestamente coaccionadas por tortura y malos tratos. Actualmente hay 26 hombres en el corredor de la muerte, con sus apelaciones agotadas. El informe se centra en los casos de ocho de ellos. 

"Las numerosas violaciones de derechos humanos que subyacen a estas sentencias de muerte no reflejan un sistema de justicia sino un patrón de injusticia", ha denunciado Michael Page, subdirector para Oriente Medio de Human Rights Watch. El informe 'La corte está satisfecha con la confesión: Las sentencias de muerte en Bahrein siguen a la tortura y los juicios falsos' se basa principalmente en registros judiciales y otros documentos oficiales. De forma sistemática, los tribunales violaron los derechos de los acusados a un juicio justo, incluido el derecho a un abogado durante los interrogatorios, el derecho a contrainterrogar a los testigos de cargo y al basarse en informes de fuentes secretas.

Además, muchos de ellos trataron de denunciar los métodos bajo los que habían sido coaccionados para obtener una confesión. En abril de 2018, Abdalá presentó una denuncia por tortura ante la Oficina del Defensor del Pueblo y la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Interior. El restaurador, padre de cinco hijos, argumentó que la coerción invalidó su confesión y que el caso debería suspenderse a la espera de los resultados de las investigaciones. Su solicitud fue rechazada por la corte que también desestimó las denuncias de tortura. En el veredicto, afirmó "estar segura de la validez y seriedad de [las] investigaciones". Cinco meses después, Abdalá fue condenado a muerte sobre la base de su "confesión".

26 hombres en el corredor de la muerte

"Es particularmente terrible sentenciar a muerte a personas en medio de acusaciones de tortura y después de juicios manifiestamente injustos", ha señalado Joshua Colangelo-Bryan, consultor de Human Rights Watch y autor principal del informe. El régimen de Bahréin es conocido por su historial de abusos a los derechos humanos, especialmente durante las protestas de la Primavera Árabe de 2011 que culminaron con un barrido de la disidencia. Seis personas han sido ejecutadas en Bahréin desde 2017, cuando el país puso fin a una moratoria de facto de siete años sobre la pena de muerte.

Los 26 hombres que ahora están en el corredor de la muerte pueden ser ejecutados una vez que el rey Hamad bin Isa Al Khalifa ratifique sus sentencias. Por eso, desde Human Rights Watch, alertan de la urgencia de su situación. "El rey Hamad debería conmutar todas las penas de muerte de inmediato y el gobierno debería restablecer la moratoria de facto de las ejecuciones", ha concluido Colangelo-Bryan.