Cinco claves para entender la nueva Constitución de Chile

Estado y democracia

"Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico", se señala en el primer punto del artículo inicial. El país, aprobado el texto, "se constituye como una república solidaria". Su democracia es "inclusiva" y el poder "reside en el pueblo, por y para el pueblo". Se "reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

El 50% de los órganos estatales deben ser ocupados por mujeres para, de esta manera, "alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad". El carácter "plurinacional" supone el reconocimiento de 11 pueblos y naciones: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan, Selk'nam. A su vez, crea las bases parta desarrollar las Autonomías Regionales Indígenas e instrumentos de consulta que solo pueden aplicarse a cuestiones "que puedan afectar directamente" a esas comunidades. El ejercicio de estas facultades no puede poner en riesgo la unidad del Estado.

Igualdad y enfoque de género

El artículo sexto establece que el Estado "promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía". El artículo 25 prohíbe a su vez "toda forma de discriminación", en especial cuando alega cuestiones como la nacionalidad, edad, diversidad corporal, religión o creencia, raza, situación migratoria o de refugio, discapacidad, condición de salud mental o física, estado civil, filiación o condición social.

Instituciones y gobierno

La Presidenta o el Presidente durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir, de forma inmediata o posterior, solo una vez. Se trata de una novedad de fuerte peso político. El mandatario es la cabeza de un Estado que debe "regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas" y velar por la autonomía del Banco Central y el principio de sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo requiere de instrumentos a prevenir y sancionar los abusos del mercado. La Carta Magna sometida a votación elimina el Senado y se crean un "Congreso de Diputados y Diputadas", como poder legislativo, y una Cámara de las Regiones.

Derechos

"Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes", se estipula en el artículo 17. El pleno ejercicio de los mismos, se añade, "es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza".

La nueva Constitución supone en ese sentido un punto de corte drástico respecto del texto todavía vigente, de fuerte impronta neoliberal. Eso es evidente en el modo en que se busca garantizar derechos esenciales como la salud, la educación, el reconocimiento del trabajo doméstico, así como la alimentación adecuada, el agua y su saneamiento, y a vivir en sintonía con el medio ambiente. Se asegura sin ambigüedades que la propiedad de las viviendas, "indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia".

"Toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción".

Posibles cambios

La redacción del texto no dejó a todos contentos, tampoco en el bando del "Apruebo". Tanto el presidente Gabriel Boric como los partidos que respaldan al Gobierno de izquierdas se han comprometido a introducir cambios a la Constitución si el domingo se impone esa opción. Las fuerzas han buscado así abrir la puerta a "mejoras" después de que surgieran varias objeciones, entre ellas, incluir la implementación "del derecho a una pensión digna” y revisar las aplicaciones de los "Estados de Excepción", un asunto de extrema sensibilidad, especialmente en el sur del país debido a los conflictos con sectores de la comunidad originaria mapuche. También existiría una predisposición a revisar aspectos relacionados con el sistema judicial.