El juicio contra Cristina Kirchner recrudece la polarización en Argentina

La fisonomía del barrio de Recoleta de la ciudad de Buenos Aires lleva la marca de estos tiempos de crisis: edificios de alcurnia y, a la vez, el desfile incesante de pobres que buscan panes y peces en la basura. Automóviles último modelo y gente que duerme en la calle. En el cruce de las calles Uruguay y Juncal se levanta uno de esos apartamentos señoriales. Allí, en ese corazón furibundo del antiperonismo, vive Cristina Fernández de Kirchner. "Si la tocan, qué quilombo (lío) se va armar", advierten día y noche sus seguidores. Hombres y mujeres se han convertido en escudo humano desde el momento que el fiscal Diego Luciani pidiera para ella 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente por considerarla la cabeza de una "asociación ilícita" vinculada al negocio de la obra pública durante sus gobiernos (2007-2015). "Nos quedamos hasta el lunes por lo menos", dice a EL PERIÓDICO un joven que se define como "soldado" de Cristina. De hecho, este sábado ya tuvieron lugar incidentes entre simpatizantes de la vicepresidenta y la policía. No faltaron los heridos y la denuncia de una represión desmedida, mientras que la alcaldía responsabilizó a las personas que han convertido al coqueto barrio de clase media alta en un "campamento". Dos miradas equidistantes de lo que ocurre. Acaso el indicio de lo que se viene en Argentina al compás de los tiempos que dicten los tribunales. Una presunción que se ha verificado en distintas ciudades del país, donde tuvieron también lugar manifestaciones.

"Quieren exterminar al peronismo", aseguró Fernández de Kirchner. El juicio contra la vicepresidenta parece devorar todos los acontecimientos en Argentina, incluso el silencioso pero profundo ajuste que lleva adelante el nuevo ministro de Economía del Gobierno peronista, Sergio Massa. La vicepresidenta no solo ha impugnado la relación del fiscal y Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los integrantes del tribunal que debe emitir sentencia, con el expresidente Mauricio Macri. También desempolvó el álbum familiar de algunos magistrados relacionados con la causa: hijos o esposos de hijas de funcionarios de la última dictadura que, dijo, esperan que llegue el momento de la venganza por haber promovido los juicios contra los responsables de haber violado los derechos humanos entre 1976 y 1983. La madre de Giménez Uriburu ha contribuido a afianzar esa hiótesis de venganza: "no puedes ser peronista y una buena persona".

La sentencia es esperada para principios de diciembre, cuando los argentinos concentrarán su mirada en el Mundial de Qatar y Leo Messi. Por lo pronto, Francisco Sánchez, un diputado del PRO, el partido de Macri, ha recomendado aplicar la pena de muerte para los acusados por corrupción. Otros integrantes de esa formación de derechas se contentan con la posibilidad de que Fernández de Kirchner salga por fin de la escena política. "Quieren proscribirla", asegura en el cruce de Uruguay y Juncal un bonaerense que engrosa las listas del paro. Y ese verbo trae el recuerdo de otras interdicciones. En 1956, el régimen castrense que derrocó a Juan Perón sancionó la Ley 4161 que prohibía pronunciar su nombre y el de su difunta esposa, Eva Duarte. Eso no hizo más que alentar una violencia que pasó al lenguaje de las armas en los 70.

¿Cristina es Lula?

Todos esos fantasmas vuelven a poblar la mente de los memoriosos, con la mirada puesta en las elecciones de 2023. El peronismo, por lo pronto, se propone realizar una masiva marcha en defensa de la vicepresidenta. Pero, además, alerta de que Argentina está replicando lo que sucedió en Brasil en 2018, cuando Luiz Inacio Lula da Silva fue condenado a 12 años de cárcel por actos de corrupción. El juicio fue anulado en 2021 por el Tribunal Supremo. Lula no solo pasó 585 días en una celda. Salió de la carrera electoral cuando era favorito. Los comicios los ganó Jair Bolsonaro. Sergio Moro, el juez que había condenado al expresidente, fue premiado con el Ministerio de Justicia. Ya no es una figura ejemplar. Se lo considera un réprobo responsable de haber politizado a la justicia, lo mismo que el fiscal Deltan Dallagnol.

Eso mismo piensan varios presidentes latinoamericanos y el argentino, Alberto Fernández. Cristina, sugieren, es Lula. Luciani y Uruburu son las copias argentinas de Dallagnol y Moro. Fernández sostiene que la parte acusadora "no tiene pruebas" y su argumentación "es de una debilidad jurídica muy grande". El juicio, coincidió con Fernández de Kirchner, busca intimidar a la dirigencia política. "¿Quién va a querer ser presidente si se tiene que hacer responsable de lo que hacen todos los funcionarios públicos?".

Un horizonte de discordias

Ante una pregunta de un periodista televisivo, el presidente descartó en ese sentido cualquier semejanza con lo que le sucedió en enero de 2015 a Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado antisemita que había matado en 1994 a decenas de personas en esta capital y que fue encontrado muerto en su apartamento pocos días después de haber denunciado un pacto de la entonces mandataria con Irán para garantizar la impunidad de los autores de ese acto terrorista. Fernández dijo que Nisman "se suicidó" y que hasta el momento "no se probó otra cosa". Y, de manera sorprendente, añadió: "Espero que no haga algo así el fiscal Luciani".

El fiscal aseguró sentirse intimidado por la intervención presidencial. "Este Gobierno le da seguridad a jueces y fiscales", respondió el presidente. El macrista Maximiliano Ferraro lo denunció por "instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso". Otros integrantes de la coalición de derechas han propuesto someterlo a juicio político. "Ha violentado la Constitución", sostuvo Macri. Nada parece indicar que la tensión disminuya. Lo único que podría sacar al juicio contra Fernández de Kirchner del centro de la escena es un desastre económico. Y ese peligro está latente.

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