Donald Trump intensifica la batalla legal por el registro del FBI

Sobre la cuestión central del último escándalo que rodea a Donald Trump, que tras abandonar la Casa Blanca se quedó documentos que debía haber dejado en manos de autoridades federales, hay dos versiones. Solo una es verdad. Y aunque revelaciones de las últimas horas cimientan la idea de que Trump realizó un manejo irregular del material, incluyendo de cientos de páginas clasificadas, el expresidente ha emprendido una batalla legal contra el registro que el 8 agosto llevaron a cabo con autorización judicial agentes del FBI en su residencia privada de Mar-a-Lago.

El lunes los abogados del expresidente presentaron una moción ante una jueza federal de Florida ( que nombró Trump) para pedir que un perito independiente supervise la revisión de los documentos incautados en ese polémico registro. La moción renueva las quejas y las denuncias sin pruebas de una supuesta persecución política que Trump y sus aliados han repetido sobre lo que tildan de “redada sin precedentes”. Insiste, asimismo, en la versión del exmandatario de que era “innecesaria” porque había estado “cooperando”.

300 documentos secretos, 700 páginas

Poco después de que llegara la moción ‘The New York Times’ y ‘Politico’ publicaron dos informaciones que desmienten a Trump y apuntalan las razones que llevaron al fiscal general, Merrick Garland, a aprobar personalmente que se buscara una orden de registro, que autorizó un juez federal considerando que había "causa probable". Concretamente el ‘Times’ asegura que el gobierno ha recuperado en total más de 300 documentos clasificados que el exmandatario se quedó al salir de la presidencia.

150 de esos documentos, con un total de 700 páginas según ‘Politico’, estaban en las 15 cajas que Trump dio el pasado enero a los Archivos Nacionales tras meses de resistencia y solo ante la amenaza de acciones legales. Otros los facilitó el expresidente en junio y el resto están contenidos en las 26 cajas que los agentes del FBI se llevaron del registro, que incluían 11 series de materiales marcados con la clasificación de máximo secreto.

Un problema para Trump, o al menos para sus abogados, es que después de recibir en junio la visita en Mar-a-Lago de un responsable de contraespionaje de Justicia y entregar algunos materiales, esos letrados enviaron una carta asegurando que, “a su entender”, creían haber devuelto todo el material clasificado que quedaba. Lo incautado en el registro de agosto demuestra que quedaban documentos y pone en cuestión las afirmaciones de “cooperación” de Trump.

Esperando el afidávit

En otro tribunal federal, mientras, el juez Bruce Reinhart, quien autorizó el registro, emitió el lunes otra orden sobre el afidávit que presentó Justicia para lograr autorización para la operación. Aunque la semana pasada el magistrado dijo que se inclinaba a levantar el secreto sobre ese documento, y en su orden del lunes reiteró la idea, también reconoció que las ediciones para proteger fuentes u otra información sensible del gobierno pueden dejar la publicación “carente de significado”.

Aunque el plazo para que el gobierno presente las ediciones acaba el jueves al mediodía, el magistrado ya ha avanzado que no tomará una decisión hasta que se completen también posibles apelaciones, con lo que el afidávit podría tardar aún tiempo en ver la luz.