¿Qué es la Quinta Enmienda a la que se acoge Donald Trump para no declarar en la investigación contra él?

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se ha negado este miércoles a contestar las preguntas formuladas por Letitia James, fiscal general de Nueva York. Este interrogatorio bajo juramento forma parte de una investigación civil sobre potenciales irregularidades financieras y fiscales en la Organización Trump, por las cuales podría interponerse una denuncia para acusar a la compañía de haber inflado fraudulentamente el valor de sus propiedades a la hora de solicitar préstamos bancarios.

Tras acogerse a la Quinta Enmienda, Trump se ha pronunciado a través de la red social Truth, donde defiende su derecho a mantenerse en silencio y acusa a la fiscal del caso de la "caza de brujas sin fundamento y políticamente privada" llevada a cabo desde el registro del FBI el pasado lunes en la casa de Mar-a-Lago del empresario neoyorkino.

"Derecho a permanecer en silencio"

Según lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos, la Quinta Enmienda, ratificada en 1791, "prohíbe que los ciudadanos estén sujetos a persecución y castigo penal sin la existencia de un debido proceso. Un ciudadano no puede ser llevado a juicio dos veces por los mismos hechos y es protegido de la autoincriminación (el derecho a permanecer en silencio)".

Así pues, el acusado invocará esta enmienda para evitar hacer declaraciones que considere que pueden ser negativas o utilizadas en su contra. Cabe destacar que dicho silencio no tiene una connotación negativa, ya que según la Corte Suprema no se equipara con la culpabilidad.

Por estas razones, el magnate ha emitido un comunicado en el que informa que, por ahora, ha utilizado este recurso: "Bajo el consejo de mi abogado, me he negado a responder a las preguntas en el marco de los derechos y privilegios que otorga la Constitución a todos los ciudadanos de Estados Unidos", ha afirmado.

Privilegio limitado

Con todo, este privilegio presenta algunas limitaciones a tener en cuenta. Por una parte, es importante mencionar que es un derecho exclusivo para las personas. Así pues, las empresas, sociedades y asociaciones no tendrán derecho a negarse a responder preguntas o facilitar documentos autoincriminatorios.

En el caso de las pruebas físicas, como los análisis de sangre o las huellas dactilares, estas tampoco quedan recogidas dentro del privilegio que otorga la Quinta Enmienda.