La suerte judicial de Cristina Fernández de Kirchner divide a los argentinos

  • Una causa sobre el manejo de la obra pública que apunta contra la actual vicepresidencia divide fuertemente las opiniones de la sociedad

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner / Julieta Ferrario/ZUMA Wire/dpa

3
Se lee en minutos
Abel Gilbert
Abel Gilbert

Corresponsal en Buenos Aires

Especialista en se ha especializado en temas políticos relacionados con la región pero también ha abordado cuestiones culturales y deportivas

Escribe desde se encuentra en la ciudad de Buenos Aires

ver +

La ciudad de Buenos Aires está separada de la provincia patagónica de Santa Cruz por casi 2300 kilómetros. Semejante distancia también se verifica en las interpretaciones sobre la suerte judicial de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kircher. Un abismo separa a quienes la defienden y repudian por razones completamente encontradas. Donde unos vislumbran a una figura heroica y carismática, otros detectan al mal absoluto. El ministerio público fiscal, por lo pronto, acaba de acusarla de haber encabezado junto con el extinto presidente Néstor Kirchner una "asociación ilícita" que se enriqueció sobre la base del desvío de dinero estatal destinado a la obra pública en esa región austral que fue una suerte de feudo del matrimonio durante los primeros tres lustros del siglo XXI.

La oposición de derechas tiene un nuevo héroe en los tribunales, el fiscal Diego Luciani, quien lanzó severos cargos contra la pareja que fue predominante en este país entre 2003 y 2015. "La perseverancia es invencible", dijo Elisa Carrió, uno de los referentes de ese espacio, al hablar de la labor del fiscal. "En una Argentina que se desangra, es reparador ver que llegó el juicio y que hay personas en el Poder Judicial dispuestas a hacer su trabajo sin importar quién esté en el banquillo", dijo, en tanto, la diputada María Eugenia Vidal.

Según Luciani, los Kirchner "instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país". Para demostrarlo, el fiscal se basa en la súbita conversión de Lázaro Báez, un "amigo íntimo" de Néstor Kirchner quien hasta 2003 había sido un modesto empleado bancario, en un potentado de la construcción santacruceña. Eso se logró gracias a su relación supuestamente preferencial con el Estado, al punto de ganar gran parte de las licitaciones provinciales con su empresa. Báez también se encuentra imputado en esta causa. Ha sido además condenado a 12 años de cárcel por blanquear 55 millones de dólares durante la era kirchnerista.

Luciani basó su acusación en un testimonio del actual presidente Alberto Fernández quien, cuando declaró como testigo, contó que Néstor Kirchner le presentó a Báez. Apenas se saludaron. El hecho carece de peso probatorio de un delito. Otro de los supuestos puntos fuertes del fiscal se vincula con el ex subsecretario de Estado, José López, quien en 2016, apenas comenzado el Gobierno de Mauricio Macri, fue encontrado frente a un convento con nueve millones de dólares acumulados en bolsos. López fue condenado por corrupción. Hasta ahora no se pudo encontrar una ruta que lleve a ese dinero a Báez y Fernández de Kirchner. De hecho, una de las principales sospechas sobre su origen apuntan a otra importante obra pública: la construcción de un túnel de 32 kilómetros por el que debe pasar un ferrocarril, desde la capital a su periferia oeste. La familia de Macri no ha sido ajena a esa mega obra.

Persecución judicial

Noticias relacionadas

Uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón, sostuvo que "Báez no tiene ninguna relación" con Fernández de Kichner y que "no hay prueba" que la relacione con la obra pública. Dalbón recordó que el fiscal Luciani ha insistido en asuntos que fueron desechados por una auditoría judicial según el cual nunca se pagó en la provincia austral ninguna obra que no se haya terminado. A su criterio, si hay una "asociación ilícita” en Argentina es "el Poder Judicial" donde un sector predominante quiere condenar a la ex mandataria con la misma receta que envió 585 días a prisión al expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Sila. La condena impartida por el entonces juez Sergio Moro sacó a Lula de la carrera electoral cuando era favorito en las encuestas. Las elecciones las ganó Jair Bolsonaro. Tres años más tarde, el Tribunal Supremo brasileño anuló esa sentencia y Moro pasó de ser un paladín nacional a un réprobo y manipulador. La propia Fernández de Kirchner ha hecho suya esa hipótesis al señalar que la máxima autoridad judicial argentina ya tiene firmado el dictamen en su contra y proscribirla en las elecciones de 2023, en caso de que se presente como candidata.