Pena de muerte

Birmania ejecuta a prisioneros políticos por primera vez en 30 años

Hacía tres décadas que no se aplicaba la pena máxima en el país, que está bajo el poder de una junta militar tras el golpe de Estado de 2021

Militares del ejército birmano durante un desfile en Rusia.

Militares del ejército birmano durante un desfile en Rusia. / Europa Press

Adrián Foncillas

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Prometieron los militares birmanos tras su última asonada que no repetirían sus atrocidades y en el último año y medio se han esforzado en desmentirse. La ejecución de cuatro activistas los eleva sobre sus predecesores, acaba con más de tres décadas sin pena de muerte en Birmania y justifica los peores temores sobre el futuro del país.

La Junta Militar ha confirmado esta mañana las ejecuciones después de que los familiares acudieran por la falta de noticias a Insein, la infausta cárcel de la era colonial. Ni pudieron despedirse de los condenados ni han recibido sus cuerpos. Los cuatro habían sido condenados meses atrás por “actos terroristas” variados y perdieron sus apelaciones.

El portavoz del gobierno golpista, Zaw Min Tun, había defendido las sentencias semanas atrás recordando que la pena de muerte está vigente en muchos países. “Al menos cincuenta civiles inocentes, sin contar a militares, murieron por su culpa. ¿Cómo se puede decir que esto no es Justicia? Las acciones contundentes son necesarias en determinados momentos”, dijo en una entrevista televisiva.

Persecución de activistas

Entre los ejecutados hay insignes activistas. Kyaw Min Yu, de 53 años y más conocido como Jimmy, ya había liderado las protestas estudiantiles de 1988 contra el anterior gobierno militar y fue asiduo a la cárcel. Fue detenido en octubre tras haber sido acusado de esconder armas y munición en su apartamento de Rangún y de asesorar al Gobierno de Unidad Nacional (NUG, por sus siglas inglesas). Es un poder en la sombra que se arroga la legitimidad interna frente a los golpistas y busca el reconocimiento externo, con escaso éxito en ambas cuestiones.

Phyo Zeya Thaw, de 41 años, era tan conocido por su música como por la política. Desarrolló la segunda como diputado de la Liga Nacional por la Democracia, la formación de la lideresa Aung San Suu Kyi. En la primera es glosado como el primer rapero del país y fundador después de un célebre grupo de hiphop, siempre con letras combativas contra la dictadura militar. Fue detenido en noviembre en su domicilio capitalino en una operación con un centenar de policías y militares. Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, el resto de ejecutados, fueron condenados por matar a una presunta informante de la Junta.

Violación de los DDHH

Las organizaciones de derechos humanos temen que llegue el frenesí al cadalso tras un paréntesis de tres décadas. La Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos calcula que 76 detenidos han sido condenados a muerte, dos niños entre ellos, y otros 46 han sido sentenciados en ausencia. Ni siquiera el régimen militar que gobernó con mano de hierro entre 1988 y 2011 ejecutó a prisioneros políticos.

Amnistía Internacional ha señalado las “arbitrarias” sentencias como el epítome de las brutales violaciones de derechos humanos de la Junta. “Los cuatro fueron condenados en procesos profundamente injustos y secretos. La comunidad internacional debe actuar pronto porque más de cien personas están en el corredor de la muerte tras haber sido condenados en procesos similares”, ha alertado Erwin Van Der Borght, director regional de la organización.

Incluso Hun Sen, primer ministro camboyano de dudosa reputación democrática, había pedido a su colega birmano en junio que detuviera las ejecuciones. Las críticas han llegado hoy desde el vecindario asiático y el resto del mundo. “Los extendidos y sistemáticos asesinatos de manifestantes, los indiscriminados ataques a poblados y ahora la ejecución de líderes de la oposición exigen una inmediata y firme respuesta de los miembros de la ONU”, ha pedido la organización.

La ONU ya habló cuatro meses atrás de prácticas de los militares que se acercan a los crímenes de guerra o contra la humanidad. Citaba a civiles tiroteados en la cabeza, quemados vivos, arrestados arbitrariamente, torturados o usados como escudos humanos. La ejecución de prisioneros políticos es el último episodio de una historia de salvajadas que empezó en febrero del pasado año y carece de final a la vista.