Los países del sur se rebelan contra el plan de ahorro del gas de Bruselas

La guerra energética de Vladimir Putin contra la Unión Europea (UE), por la respuesta europea a la guerra en Ucrania, vuelve a poner a prueba la solidaridad de los Veintisiete. Aunque el gasoducto Nord Stream 1 vuelve a funcionar, el riesgo a que el Kremlin restrinja el suministro de gas en cualquier momento, con el consiguiente impacto social y económico, ha llevado a la Comisión Europea a incluir en sus planes de contingencia el compromiso a reducir un 15% el consumo de este combustible fósil entre agosto y marzo de 2023. Un movimiento voluntario que Bruselas podría hacer vinculante, por ley. La propuesta ha sido recibida con absoluta frialdad en capitales como Madrid o Lisboa y dudas y escepticismo en otras. El plan se enfrentará a su primera prueba de fuego el martes, durante una reunión extraordinaria de ministros de energía que augura ser acalorada.

¿Es un ahorro del 15% de verdad necesario? ¿Por qué debe aplicarse a todos por igual cuando no todos los Estados miembros tienen la misma dependencia del gas de Rusia? ¿Por qué debe ser la Comisión Europea quién active la alerta en caso de penuria e imponga reducciones en un ámbito de competencia eminentemente nacional? Son preguntas que están el aire y que previsiblemente volverán a la mesa el 26 de julio cuando los ministros de energía examinen por primera vez los planes del equipo de Ursula von der Leyen en una reunión que arrancará a las diez de la mañana.

El primer debate entre los Veintisiete, a nivel de embajadores, tuvo lugar este miércoles. Se prolongó durante tres horas y sirvió para constatar, según fuentes diplomáticas presentes en la discusión, que los países del sur -España, Portugal, Italia, Malta, Chipre y Grecia- no están satisfechos con el plan diseñado por Bruselas. Tampoco otros países del este como Hungría o Polonia. Los embajadores volverán a intentar acercar posturas en una nueva reunión preparatoria este viernes pero se da por hecho que la negociación del reglamento, cuya aprobación requiere de una mayoría cualificada que Bruselas espera obtener el martes, será muy complicada.

Frente del sur

“Entendemos perfectamente que hay que ser solidarios cuando un Estado miembro lo pasa mal y cuando hay muchos pasándolo mal pero para ser eficaces en la respuesta hay que plantear bien las cosas”, reprochaba este jueves en los micrófonos de la Cadena ser la vicepresidenta tercera y responsable de transición ecológica del Gobierno español, Teresa Ribera. Y a juicio de España, la Comisión no ha hecho bien las cosas. En primer lugar, porque no habido un debate con los Estados miembros y porque se han ignorado las especificidades de cada mercado energético. Una crítica que rechazan fuentes del Ejecutivo comunitario que subrayan que precisamente en el último minuto accedieron a incluir la posibilidad de que los países que pudieran demostrar falta de interconexiones se beneficiaran de una derogación parcial y redujeran en un 5% el ahorro exigido.

Un gesto que no ha suavizado las críticas, ni de España ni de la vecina Portugal. “Portugal está totalmente en contra de la propuesta de la Comisión Europea porque no tiene en cuenta las diferencias entre países. Esto no se puede aplicar a Portugal”, esgrimía este miércoles el secretario de estado de energía, Joao Galamba, que tacha la propuesta de “desproporcionada e insostenible”. Tampoco en Atenas ha sido bien recibidos los planes de Bruselas. “El Gobierno griego no está de acuerdo, en principio, con la propuesta de la Comisión de reducir un 15% el consumo de gas natural”, ha avisado el portavoz, Giannis Oikonomou.

Alemania pide solidaridad

Alemania en cambio, muy dependiente del gas ruso y sin instalaciones para la regasificación de gas natural licuado procedente de otros terceros países, ha recibido los planes de Bruselas con alivio y esperanza. “La solidaridad europea es más importante que nunca en estos tiempos. Necesitamos trabajar más de cerca para poder actuar mejor juntos en situaciones de crisis de gas”, valoraba el ministro de economía, Robert Habeck, nada más conocer las propuestas.

Este jueves ha anunciado que Alemania, a quien Rusia suministra el 30% del gas que utilizan para producir electricidad o calentar las casas, introducirá medidas de ahorro, también en edificios públicos así como un “control” obligatorio de la calefacción, anticipando una de las exigencias para solicitar la solidaridad de sus vecinos en caso de problemas: demostrar primer que han tomado medidas para reducir su consumo. Berlín, al igual que Bruselas, pone el acento en el impacto que tendrá un corte total del gas por parte de Moscú. “Si el suministro de gas en uno o más países está en dificultades todos los Estados miembros se verán afectados”, augura Habeck. 

Y lo mismo Von der Leyen. “Hay países más expuestos que otros al gas ruso y más vulnerables en caso de cortes pero todos los Estados miembros sufrirán las consecuencias a través del mercado único”, decía la alemana en la presentación. "Es importante que cada Estado miembro contribuya a ahorrar energía, al almacenamiento y esté dispuesto a ser solidario con sus vecinos”, reivindicaba sobre un concepto fundamental del Tratado y que ha sido crucial para hacer frente a la crisis económica, con un fondo europeo de recuperación de casi 800.000 millones, y a la pandemia con la compra conjunta de vacuna.