La UE, cautiva de las grandes compañías

La filtración esta semana de 1240.000 documentos confidenciales de la compañía Uber por parte de The Guardian y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han puesto de manifiesto de nuevo la enorme influencia política que ejercen las grandes compañías sobre la Comisión Europea y los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (UE). Uber, con su agresiva política de precarizar el empleo y de promover cambios normativos para destruir a sus competidores y lograr una posición monopolística, es una caso significativo. Pero sólo es una punta del iceberg, más visible ahora por la filtración.

Otros múltiples ejemplos son las reiteradas quejas formuladas desde hace una década por la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, debido a la desmedida influencia de las principales empresas de los distintos sectores en la elaboración de la legislación y normativas europeas en detrimento de los ciudadanos. O’Reilly también ha presentado numerosas quejas formales por los graves conflictos de interés en la Comisión Europea y sus agencias, la endémica falta de transparencia y las persistentes puertas giratorias que utilizan los comisarios y los altos cargos de la Comisión y las agencias europeas para incorporarse a empresas sobre cuyos sectores han estado tomando decisiones.

Mensajes con Pfizer

Esta misma semana, la Defensora del Pueblo de la UE ha criticado duramente por “mala administración” a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a causa de la supresión de los textos de los mensajes intercambiados con el presidente de Pfizer, relacionados con la compra de vacunas para el covid y las actividades de lobby de la multinacional norteamericana, vulnerando las normas de transparencia de la UE. Cuando el Parlamento alemán emprendió en 2019 una investigación oficial sobre la gestión de Von der Leyen como ministra de Defensa (2013-2019), acusada de mala administración y concesión a dedo de lucrativos contratos a consultoras externas, los datos comprometedores de su teléfono móvil oficial como ministra fueron eliminados “ilegalmente”.

O’Reilly advirtió el pasado mayo del grave daño a la reputación y credibilidad de la Comisión Europea y las agencias de la UE que causa la frecuente práctica de que los comisarios y altos funcionarios se incorporen a empresas privadas de los sectores que han regulado o viceversa. Esta práctica no se limita a la UE, sino que afecta también a los gobiernos nacionales. La actual presidenta de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de España, Cani Fernández, fue la abogada que defendió los intereses de Uber ante el Tribunal de Justicia de la UE y desde su nuevo puesto clave sigue promoviendo decisiones favorables a Uber.

Incluso la comunidad científica denuncia las decisiones sesgadas a favor de las empresas que realizan las agencias de la UE en contra de la salud de los ciudadanos, como en el caso de Autoridad Europea sobre Seguridad Alimentaria (EFSA) con el herbicida glifosato (disruptor endocrino y cancerígeno), comercializado bajo la marca Roundup. La EFSA basa sus informes favorables en los datos de Monsanto, desdeñando los informes sobre su toxicidad, pese a la manipulación de los datos por el fabricante revelados en los ‘Papeles de Monsanto’, que la justicia norteamericana obligó a hacer públicos. Monsanto y Bayer, su actual propietario, están acumulando sentencias con indemnizaciones multimillonarias por el cáncer causado por su herbicida en EEUU.

En 2009, el estudio Una Comisión Cautiva reveló que la legislación financiera europea había sido elaborada en base a las propuestas de grupos de expertos, en los que el 96% de los miembros pertenecían a los principales operadores del sector. El procedimiento acelerado de la aprobación de la legislación privó al Consejo de Ministros de la UE y al Parlamento Europeo del escrutinio y control sobre los detalles técnicos clave, que fueron definidos y adoptados por comités tecnócratas.

Otro informe, La Captura Corporativa de Europa, mostró en 2019 como las principales empresas de cada sector siguen definiendo la legislación europea y nacional en sus ámbitos en detrimento del ciudadano, desde la energía a la defensa, pasando por la banca y los medicamentos.

En el caso de Uber, resulta revelador el papel desempeñado por la excomisaria Neelie Kroes, el entonces ministro y ahora presidente francés, Emmanuel Macron, y el Gobierno holandés, suministrando el esquema de elusión tributaria y de obstaculización del acceso a los datos de la empresa.           

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