Aborto en EEUU

Conmoción en EEUU por la niña violada de 10 años a la que no dejaron abortar

La menor que tuvo que viajar a Indiana para poder interrumpir el embarazo tras la negativa de Ohio

Las autoridades investigan a la doctora que practió el aborto a la niña

Protesta multitudinaria frente a la Casa Blanca por la sentencia del aborto en EEUU

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El Periódico

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La decisión del Tribunal Supremo de prohibir el derecho al aborto en Estados Unidos ha desencadenado una batalla que ya está teniendo consecuencias escalofriantes. Este miércoles, la policía de Ohio detuvo a un hombre acusado de la violación de una niña de 10 años que se vio obligada a viajar al estado vecino de Indiana porque su estado natal le negó el acceso a la interrupción del embarazo, criminalizado.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de mayo, antes del golpe judicial al aborto, pero fue notificado a la policía el 22 de junio, cuando se inició la investigación. La menor y su familia habían decidido abortar, pero su embarazo era de seis semanas y tres días. Apoyado en la decisión del Supremo, Ohio adoptó de inmediato una ley que solo permite el aborto hasta la sexta semana y se basó en ello para negar ese derecho.

La niña se habría visto forzada a tener la criatura fruto de su violación si no fuese porque decidió viajar a la vecina Indiana para abortar. Aunque ese estado también prepara una ley para restringir el derecho al aborto, en el momento en que se practicó la interrupción del embarazo, el 30 de junio, esa aún no se había adoptado, lo que hace que aún sea legal.

El presidente Joe Biden citó este duro caso para señalar las consecuencias sociales que la decisión del Tribunal Supremo, en manos de una mayoría conservadora apuntalada por el expresidente Donald Trump, ya están teniendo sobre millones de mujeres en EEUU. "Se vio obligada a viajar fuera del estado, a Indiana, para intentar interrumpir el embarazo y quizá salvar su vida", lamentó el jefe de Estado. Tras la sentencia, hasta 26 estados han restringido severamente el acceso al aborto o se espera que lo hagan en los próximos meses.

Este caso fue denunciado por primera vez por el 'Indianapolis Star' el 1 de julio, una semana después de que el Tribunal Supremo anulara el caso Roe contra Wade, el precedente legal que hasta entonces garantizaba el derecho al aborto en EEUU.

Detención del autor

El detenido por la policía de la localidad de Columbus es Gershon Fuentes, de 27 años, quien ha admitido a los agentes haber violado a la menor. La prensa local ha informado que las muestras de saliva del agresor están siendo comparados con el ADN extraído por la clínica de abortos de Indiana a la que acudió la niña. El sospechoso está detenido en la cárcel del condado de Franklin con una fianza de dos millones de dólares y, de ser hallado culpable, podría ser sentenciado a cadena perpetua.

Políticos republicanos y medios conservadores como Fox News acusaron entonces a Biden de inventarse el caso. Tras conocerse la detención del autor de la violación han optado por eliminar los tuits donde lanzaban esas falsas acusaciones o por cambiar la narrativa para señalar que el culpable del ataque es un inmigrante que entró al país de forma ilegal.

Doctora investigada

El caso no termina aquí. Y es que, pocas horas después de conocerse la detención de Fuentes, el fiscal general de Indiana puso en el centro de la polémica a la ginecóloga y obstetra, Caitlin Bernard, dudando de si había informado del aborto a las autoridades, como requiere la ley de ese estado. "Estamos reuniendo las pruebas mientras hablamos y vamos a luchar contra esto hasta el final, incluyendo la búsqueda de su licencia, si no informó", explicó a la Fox el republicano Todd Rokita, sugiriendo que la doctora podría llegar a enfrentarse a una "acusación criminal".

El jueves se supo que la doctora acusada sí informó a las autoridades estatales de la interrupción del embarazo y en el plazo requerido, según registros obtenidos por el 'Washington Post'. La abogada de la doctora, Kathleen DeLaney, defendió a su clienta en un comunicado a los medios de comunicación en el que remarcó estar "considerando emprender acciones legales contra quienes la han difamado, incluido el fiscal general de Indiana".