Aborto en EEUU

Un juez bloquea la entrada en vigor de la nueva ley del aborto en Florida por considerarla "inconstitucional"

La decisión de revocar 'Roe contra Wade' da vía libre a los estados para ejecutar su prohibición

Manifestación en Nueva York contra la decisión del Supremo.

Manifestación en Nueva York contra la decisión del Supremo. / Efe

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Europa Press

Abortar en Florida seguirá siendo legal. Un juez estadounidense, John Cooper, ha emitido un mandato judicial para bloquear la entrada en vigor de una nueva ley del aborto en Florida que prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo tras la decimoquinta semana y sin excepciones por considerar que la normativa es "inconstitucional".

En lo que parece ser una victoria a corto plazo para los activistas a favor del derecho al aborto en Estados Unidos tras la decisión del Tribunal Supremo de revocar el fallo Roe contra Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, no podrá imponer las restricciones a la espera de la ratificación del juez.

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Mientras el caso se resuelve a nivel judicial, el aborto seguirá siendo legal en Florida hasta la semana 24 de embarazo, por lo que el estado seguirá siendo el más laxo del sur del país respecto a esta práctica. Christina Pushaw, portavoz de DeSantis, ha indicado que las autoridades estatales tienen intención de apelar la decisión judicial, según informaciones de la cadena de televisión CNN. "Nos sentimos decepcionados por esto y sabemos que los movimientos 'provida', al final, superarán todos los obstáculos legales", ha aseverado. Sin embargo, activistas y miembros del Partido Demócrata han celebrado la decisión y han recalcado que la ley suponía una "grave interferencia en las decisiones médicas de las pacientes".

La decisión de revocar Roe contra Wade hace una semana fue adoptada con el voto a favor de los seis jueces conservadores del Supremo y el voto en contra de tres magistrados liberales. Al eliminar el carácter de derecho constitucional, el fallo del Supremo da vía libre a los estados para ejecutar su prohibición.