Crece la tensión en Ecuador tras nueve días de protestas y estado de excepción

Las movilizaciones indígenas han tomado la capital. El Gobierno muestra ahora disposición a dialogar

Al igual que el estallido de 2019, las protestas obedecen al empobrecimiento y el aumento del costo de la vida

Abel Gilbert

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"Hago un llamado por la paz. Juntos debemos buscar las soluciones a los problemas que enfrentan las familias ecuatorianas". En el noveno día de una huelga son finalización en el horizonte, el presidente Guillermo Lasso expresó su disposición a dialogar con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que ha tomado virtualmente Quito con un pliego de exigencia parecido al del estallido social de 2019. En algunos sectores de la ciudad se siente el desabastecimiento. Comenzó a circular a su vez el temor a una ola de saqueos que no ha tenido lugar. "Fuera Lasso", se escucha en las calles capitalinas en medio de los enfrentamientos entre indígenas y fuerzas de seguridad que, hasta el momento, han provocado dos fallecidos.

Con ese trasfondo, el mandatario hizo saber que "ha acogido gran parte de las sugerencias presentadas" por la Conaie, entre ellas declarar la emergencia en salud, asumir el 50% del precio de la urea, créditos agrícolas y mayor presupuesto para la educación intercultural. Leonidas Iza, uno de los principales dirigentes de esa organización, le pidió al Gobierno garantías para sentarse a dialogar así como que derogar el estado de excepción. "Hay que atender al sector agrícola, el campo de Ecuador no aguanta más porque hemos tenido Gobiernos neoliberales que no han sabido responder a las necesidades. Se han despreocupados de los problemas de las familias pobres. Queremos un poquito de justicia. El bienestar no es privilegio de los banqueros y las clases dominantes", añadió.

 Para Iza, "la verdadera respuesta al conflicto es solucionar las adversas condiciones económicas que está atravesando la población, restituir los derechos sociales conculcados, dejar de lado la política neoliberal impositiva del Fondo Monetario Internacional (FMI)". Parecen reclamos calcados de los incidentes que hace tres años jaquearon al entonces presidente Lenin Moreno. Por eso, como si se tratara de una prolongación de aquel conflicto, la Conaie ha solicitado junto con el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) una reducción de los precios de los combustibles, en el caso del diésel y la gasolina extra.

Lasso asumió a fines de mayo de 2021. Su primer aniversario al frente del Poder Ejecutivo fue más convulso de lo esperado. Quito olió a gas lacrimógeno. La policía respondió con porras al avance de los manifestantes que, a su vez, respondieron a la represión con palos y piedras.

El diario El Universo, de Guayaquil, la segunda ciudad del país, describió las escenas callejeras con un dejo de extrañamiento. "Todos hablan quichua, pero sus diseños de ponchos, los sonidos de tambores y flautas que tocan los diferencian. Son indígenas que llegaron de provincias como Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo e Imbabura y desde la noche del lunes último ocupan espacios en las Universidades Politécnica Salesiana y Central del Ecuador (UCE)".  Las columnas se nutrieron de unas 11.000 personas.

Peligro institucional

Según el ministro de Defensa, Luis Lara, la democracia "está en serio riesgo". A medida que se extiende la protesta con los bloqueos de carreteras, remarcó, crecen las pérdidas económicas. El ministro ha utilizado un tono más iracundo que el del presidente. Lara ha asegurado que la huelga es realizada apenas por "grupos violentos" que impiden "la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos". Estas acciones "van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones. Las fuerzas armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional".

Los ecuatorianos todavía tienen vivo el recuerdo de los sucesos de 2019. Aquel año que selló la suerte política de Moreno, la protesta duro tres semanas. El Gobierno de entonces dio marcha atrás a sus medidas después que Naciones Unidas y la Iglesia Católica entraran en escena para mediar. Lasso quiere que ese papel lo jueguen esta vez la UE y la ONU. Por ahora, la Conaie no ha dado el visto bueno.

Iza insistió que el movimiento indígena no le huye al diálogo. Pero antes de aceptarlo, el Gobierno debe velar por el "cumplimiento de nuestros derechos políticos para que las organizaciones movilizadas nos podamos organizar para discutir y afinar procedimientos, nuestras posturas y respuestas de cara al nuevo acercamiento".

La economía ecuatoriana creció 4,2% en 2021, tras una fuerte contracción de 7,8% en 2020 por efecto de la pandemia. Este año se espera una suba de 2,7% como consecuencia de la crisis derivada de la invasión rusa a Ucrania. La pobreza actual afecta a más de un 30% de la población y es uno de los factores que activa el malestar social.

"A esto de los paros hay que darle una solución definitiva. Pero viendo el accionar de la Asamblea Nacional (Congreso), hay penosamente que concluir que a la élite política le importa un pito este problema", se quejó Walter Spurrier Baquerizo en una columna del diario El Comercio.

La violencia "sigue escalando"

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos anunció que el martes murió un manifestante indígena al registrarse una "confrontación" con la fuerza pública en la localidad amazónica del Puyo. Según la policía, la persona falleció en "consecuencia a la manipulación de un artefacto explosivo". De esta manera, suben a dos las víctimas mortales en las manifestaciones, según la Alianza. La noche del lunes un joven falleció tras caer de un muro durante las protestas y la fiscalía abrió una investigación por presunto homicidio.

El balance actual es de 90 heridos y 87 detenidos desde el inicio de las protestas, según Derechos Humanos. La Policía también informó de 101 policías (incluidos 21 militares) heridos y 80 manifestantes arrestados.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, señaló en Twitter que las manifestaciones "siguen escalando y comprometiendo gravemente la paz" y que los mercados capitalinos "están quedando desabastecidos". Y se anunció que la sede de la fiscalía también fue atacada con piedras por manifestantes, y sus puertas de cristal fueron destruidas.

El Gobierno estima que por cada día de protesta, el país, cuya economía está dolarizada, pierde unos 50 millones de dólares, sin tomar en cuenta al sector del petróleo, el principal producto de exportación. La producción de crudo cayó en unos 100.000 barriles por día, un 21% del total, a causa de las protestas en la selva de la Amazonia, donde están los pozos, dijo el gerente de la estatal Petroecuador, Ítalo Cedeño.

Los nativos también reclaman un control de precios en los productos agrícolas para mejorar sus economías familiares, empleo y más presupuesto para salud y educación, además de una moratoria de un año para el pago de créditos con la banca y suspensión de concesiones mineras en sus territorios.

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