La escasez de médicos lleva al límite a las unidades de maternidad de Portugal

La escasez de obstetras ha obligado a varios hospitales portugueses a cerrar temporalmente sus unidades de maternidad de emergencia u operar con personal reducido, lo que genera temores por la seguridad de las mujeres.

Los días festivos y la propagación de la COVID-19 entre los trabajadores médicos han agravado el problema estructural de escasez de médicos en Portugal desde hace mucho tiempo.

Muere un recién nacido en un hospital que tenía las urgencias obstétricas cerradas

"Estamos en una situación de ruptura y, si no se encuentra una solución rápidamente, (más) cierres de servicios son inminentes", dijo a la agencia de noticias Lusa Carlos Cortés, jefe regional del organismo regulador Orden de Médicos.

El grupo de defensa de los pacientes OVO advirtió que "situaciones graves", como la negligencia, podrían surgir debido a la escasez. Los fiscales públicos abrieron una investigación el martes después de que una mujer perdiera a su bebé en un hospital afectado por la escasez de personal.

Uno de los hospitales más grandes del país, el Amadora-Sintra en Lisboa, remitió pacientes a otros hospitales durante 12 horas hasta las 8 a.m. del jueves.

Las unidades hospitalarias en Montijo y Portalegre, un municipio cerca de la frontera española, también vieron cierres y otras unidades de maternidad de emergencia del servicio nacional de salud (SNS) planean cerrar el viernes y durante el fin de semana.

El gobierno anunció el miércoles un plan de contingencia que incluía anunciar 1.639 vacantes para médicos especialistas. La ministra de Salud, Marta Temido, admitió, sin embargo, que las duras condiciones laborales del SNS desaniman a los posibles solicitantes.

Al igual que en otros países como la vecina España, miles de médicos y enfermeros portugueses han dejado el país en busca de mejores salarios y perspectivas en las naciones más ricas.

Según la Orden de los Médicos, alrededor del 50% de los obstetras portugueses trabajan en el sector privado o en el extranjero y casi la mitad de los que trabajan en hospitales públicos tienen más de 55 años, lo que significa que pueden negarse legalmente a trabajar en los servicios de emergencia.