Violencia

El Salvador construirá nuevas cárceles ante los arrestos masivos de pandilleros

  • La ley aprobada permitirá expropiar inmuebles para levantar prisiones en el marco del estado de excepción tras la escalada de asesinatos

Soldados patrullan por las calles de San Salvador, tras la declaración del estado de excepción.

Soldados patrullan por las calles de San Salvador, tras la declaración del estado de excepción. / REUTERS / JESSICA ORELLANA

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Agencias

El Salvador ha aprobado construir nuevas cárceles a causa de las detenciones masivas de presuntos pandilleros. En Concreto, la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha dado luz verde este martes a una ley especial para la construcción de centros penales en el país. Esta decisión se debe a que las autoridades de Seguridad realizan numerosos arrestos de supuestos miembros de pandillas como una medida en el marco de un régimen de excepción.

La Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios fue propuesta por el presidente del Congreso, Ernesto Castro, y ha sido aprobada con dispensa de trámite, es decir, sin análisis ni discusión parlamentaria, con los votos de 64 diputados de los 84 en la Asamblea.

La normativa, según el decreto leído en sesión plenaria, busca "establecer el marco regulatorio para la planificación, el diseño, la construcción y el mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios, debido al incremento de la población privada de libertad", que se prevé que aumente con las detenciones en el marco del estado de excepción, aprobado tras una escalada de homicidios a finales de marzo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha declarado la "guerra" contra las maras, que se ha saldado ya con la detención de más de 14.000 presuntos pandilleros en menos de un mes. "Más de 14.000 terroristas fuera de nuestras calles, en solo 25 días", ha celebrado Bukele en Twitter, al hacer recuento de los resultados del estado de excepción.

Expropiación de inmuebles

Según la Ley Especial para Construcción de Centros Penitenciarios, el Ministerio de Obras Públicas asumirá la proyección de nuevas prisiones con un sistema que contempla la expropiación de terrenos. Además, las empresas no estarán obligadas a someterse a todos los requisitos de la ley que regula los contratos con el Estado y, además, se beneficiarán de exenciones fiscales.

Los legisladores aprobaron que las construcciones de cárceles no se rijan por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que establece controles. Uno de estos es que no pueden ser contratistas del Estado los miembros del Consejo de Ministros, funcionarios y empleados públicos y municipales.

La LACAP contiene las normas básicas que regulan las acciones relativas a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las adquisiciones de obras, bienes y servicios de cualquier naturaleza, que la administración púbica deba celebrar para la consecución de sus fines.

La legislación aprobada también permite la expropiación de inmuebles, en caso de que los propietarios se nieguen a llegar a un acuerdo de venta con el Gobierno en las zonas señaladas para construir cárceles.

Guerra contra las pandillas

El Gobierno, que no ha aclarado dónde se construirán estas nuevas prisiones, había apostado en 2021 por demoler cárceles para levantar otras infraestructuras de interés social, pero ha terminado por cambiar de idea después de que la cifra de detenidos se haya disparado en estas últimas semanas.

Fotografía de archivo de supuestos pandilleros detenidos durante el Estado de Excepción son trasladados a una cárcel en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

/ EFE/ Rodrigo Sura

El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción tras una oleada de asesinatos a finales de marzo y, además de esta medida extraordinaria, el Congreso aprobó, a propuesta del presidente Nayib Bukele, el endurecimiento de penas para pandilleros y avaló juzgar a adolescentes como adultos. También fue aprobado un paquete de reformas que castiga hasta con 15 años de cárcel "cualquier manifestación" que aluda al "control territorial" de las pandillas.

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El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación "la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población".

Con la iniciativa de Bukele, que comparó la situación con la lucha alemana contra el nazismo, se declararon también ilegales los grafitis o "cualquier expresión visual" que "explícita o implícitamente transmitan mensajes" de las pandillas. 

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