Del Brexit a la guerra de Ucrania: así combate la UE la desinformación

Seis años después del trauma, la UE se enfrenta a un reto mayúsculo tras la invasión militar desplegada por Rusia sobre Ucrania, un reto en el que la información juega un rol clave. "La pandemia ha cambiado radicalmente nuestra postura y la guerra lo ha acelerado", explica Carmona. "La desinformación no es tanto una guerra entre países como algo que puede afectar la democracia desde dentro y producir un desinterés del ciudadano por la democracia que afecte nuestra forma de funcionar".

En el tablero geopolítico global, la UE es un actor con intereses propios. Es por ello que el Parlamento Europeo busca contrarrestar las narrativas contrarias a estas lanzando información positiva sobre sus instituciones y apoyando a periodistas y ‘fact-checkers’ para que verifiquen y desmientan los bulos lanzados por sus rivales.

En un entorno en el que la realidad es cada vez más cuestionada, los esfuerzos de Bruselas se centran en promocionar sus valores y revertir el interés de potencias extranjeras en consolidares como sistema predominante. "China y Rusia venden que son países donde no se vive tan mal, pero nosotros no contemplamos que no se respete el Estado de derecho o que se justifiquen las torturas", remarca Carmona.

Disrupción desde dentro

Sin embargo, esta batalla por el relato también se libra dentro de las fronteras europeas, donde hay "actividad que está erosionando la UE". Entre los Veintisiete hay países como Hungría, Polonia o Eslovaquia cuyos gobiernos han cargado contra los intereses de sus socios y han buscado deslegitimar las instituciones comunitarias, algo también habitual entre la extrema derecha europea, peligrosamente cercana al Kremlin.

Para reforzar su campaña comunicativa, Bruselas cuenta con el apoyo de Media Intelligence Unite, una plataforma que monitoriza hasta 6.000 medios de comunicación para analizar cómo hablan de la UE. Los informes que realizan son de consumo interno y sirven para asesorar a la Comisión Europea (CE), detectar la proliferación de narrativas contrarias y actuar. "Ese rastreo de noticias nos permite hacer correcciones y hablar de la UE en positivo", explica Paula Fernández Hervás, jefa de la unidad. "Si no estamos dejando vía libre a quienes solo mencionan lo negativo".

Actuar con leyes

Las leyes son un pilar básico de la UE para combatir la desinformación. Ya en 2016, la CE y las principales empresas tecnológicas acordaron un código de conducta para combatir los discursos de odio y la incitación a la violencia en Internet. "Las plataformas siguen sin respetar al 100% lo que consideramos que deberían eliminar, pero hemos logrado cierto equilibrio entre la regulación y la libertad de prensa", apunta Carmona.

En los próximos meses el Parlamento Europeo aprobará la Ley de Servicios Digitales (DSA), un mastodóntico proyecto legislativo en el que se incentivará a esas plataformas a frenar los bulos y será la CE quien determine si han hecho suficiente.

Este punto es controvertido, pues las amenazas de carácter racial, étnico, sexual o religioso pueden ser ilegales, pero la desinformación no lo es. La presión de Bruselas para que las redes sociales eliminen este tipo de contenido bajo amenaza de sanciones inquieta a expertos y organizaciones por los derechos digitales como Xnet, que ha denunciado que eso puede llevar a una "retirada desmesurada de contenido legítimo", eso es, a la censura. La falta de armonización de las leyes en la UE también es un problema, pues no todos los estados miembro coinciden en qué es o no ilegal.

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Plataformas como Facebook, Twitter o Youtube han sido acusadas de usar algoritmos que viralizan el contenido más polarizante, pues aquello emocional engancha y retiene más al usuario. Es por ello que la DSA obligará a evaluar el impacto de los algoritmos y actuar en consecuencia. "Estamos estudiando que esa evaluación se realice varias veces al año en circunstancias extraordinarias como la pandemia o la guerra", señala la eurodiputada danesa Christel Schaldemose, ponente de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. La creciente fiscalización en esos espacios ha llevado a los canales de desinformación a desplazarse a otras plataformas más difíciles de controlar como Telegram o Twitch.

Aunque no cuenta con mucho apoyo, partidos como el PP abogan por acabar con el anonimato en Internet e identificar a todos los usuarios con su DNI para frenar la desinformación. Grupos como la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) llevan años rechazando la propuesta, pues atenta contra "todos los estándares internacionales" y la ONU pide proteger ese anonimato.