La ONU y la OEA le piden al Gobierno colombiano una investigación independiente de la reciente matanza campesina

  • La muerte de 11 personas, entre ellas un niño y una embarazada, tras una operación del Ejército, pone otra vez en aprietos al presidente Duque

  • Durante los últimos dos años fueron perpetrados 217 hechos similares y provocaron 830 víctimas fatales

Jóvenes marchan contra la violencia policial y contra las políticas del Gobierno de Iván Duque, en Bogotá.

Jóvenes marchan contra la violencia policial y contra las políticas del Gobierno de Iván Duque, en Bogotá. / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA / EFE

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Abel Gilbert
Abel Gilbert

Corresponsal en Buenos Aires

Especialista en se ha especializado en temas políticos relacionados con la región pero también ha abordado cuestiones culturales y deportivas

Escribe desde se encuentra en la ciudad de Buenos Aires

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La muerte de 11 personas, entre ellos un menor y una embarazada, en el marco de una operación contrainsurgente del Ejército colombiano en un poblado rural se ha convertido en un nuevo problema internacional para el presidente Iván Duque. Mientras el mandatario exponía en Naciones Unidas sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, que le ha tocado llevar adelante con evidente desgano, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para Colombia le reclamó también desde Nueva York al Gobierno una investigación "exhaustiva e independiente" sobre los lo ocurrido hace casi 20 días en Alto Remanso, 550 kilómetros al sur de Bogotá, donde además falleció una autoridad de la comunidad originaria Kichwa. Lo que Duque presentó en Estados Unidos como una "operación que tenía planificación e información de inteligencia" que buscaba capturar a integrantes de la llamada disidencia de las FARC, ha sido calificado de matanza de civiles por los organismos defensores de derechos humanos. El candidato presidencial de izquierdas en las elecciones del 29 de mayo, Gustavo Petro, favorito en las encuestas, habló de crimen de guerra. En este contexto es que la ONU le pidió a Bogotá que garantice "los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". Recordó además que según el Derecho Internacional el uso de armas letales "sólo puede hacerse cuando sea estrictamente inevitable y con el propósito de proteger la vida". Por tal razón recomendó a las autoridades colombianas que tomen "medidas disciplinarias y penales para enjuiciar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en Alto Remanso".

Un segundo llamado de atención escuchó Duque en Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió también una investigación independiente sobre los sucesos de Alto Remanso y que el Gobierno tome medidas para preservar la vida de comunidades rurales en zonas conflictivas.

Como efecto de las presiones internacionales, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, solicitó a la Procuraduría y la Fiscalía que aceleren las investigaciones. "Es indispensable determinar si, además, de las víctimas ya identificadas, existen otras. Esto por cuanto algunas personas de la comunidad aseguran que hubo quienes cayeron en el río o trataron de huir del riesgo lanzándose al mismo".

El ministro de Defensa, Diego Molano, quien se encuentra en el ojo de la tormenta, volvió a reivindicar el accionar del Ejército. Reiteró en ese sentido que el accionar militar apuntó contra grupos armados que actúan en la frontera con Ecuador y que tienen sus lazos con el narcotráfico.

Ola de críticas

La versión oficial de los hechos es, sin embargo, severamente cuestionada. Camilo González Posso, el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (INDPAZ) criticó duramente a Duque y su ministro por las explicaciones que han ofrecido sobre la reciente tragedia. Duque, remarcó, "no fue capaz de responder a la cuestión planteada por la propia misión de Naciones Unidas cuando le planteó la necesidad de hacer aclaraciones de situaciones como la masacre en Putumayo, y otras situaciones similares que comprometen a agentes de la fuerza pública en graves violaciones a los Derechos Humanos en Colombia". INDEPAZ ha contabilizado 217 masacres perpetradas en ese país durante los últimos dos años, con un saldo de 830 víctimas fatales.

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"El Gobierno, empezando por el presidente, dio información errada de los resultados iniciales de la operación", señaló al respecto la revista digital La Silla Vacía. "La operación fue riesgosa porque se realizó en medio de una fiesta comunitaria".

Para Mario Morales, columnista del diario bogotano El Espectador, "tanto como la evidencia de la flagrante violación de derechos humanos en (la región de) Putumayo, duele la insultante tozudez del Gobierno y autoridades militares al tratar de tapar el sol con un dedo". De acuerdo con Morales, insistir en que se trató de una labor de inteligencia "no solo deja mal parado a todo el cuerpo castrense, ya cuestionado en esas lides, sino que además insulta el ejemplar trabajo periodístico de los medios que vuelven a demostrar su eficiencia como contrapoder cada vez que rompen filas". De paso, añadió, "insulta a los ciudadanos que esperan, por lo menos, explicaciones, aclaraciones, disculpas y el transparente juicio de responsabilidades, como correspondería a quienes dicen defender la institucionalidad". El columnista consideró "insensible" el argumento ofrecido por el jefe del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, al señalar que no es la primera vez que caen mujeres embarazadas o menores de edad en una acción militar. 

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