Perfil | Bastrykin, el brazo ejecutor de Putin en la fiscalía

Entre las múltiples empresas realizadas durante su carrera profesional por Aleksándr Bastrykin, al frente del Comité de Investigación de Rusia, órgano equivalente a la Fiscalía General en España, destaca una de ellas, acontecida en 2012. Invitó a Serguéi Sokolov, un periodista de Nóvaya Gazeta que acaba publicar un artículo crítico respecto a un caso gestionado por la institución que dirige, a viajar con él desde Moscú hasta Nalchik, una pequeña localidad del Cáucaso norte. Durante el vuelo, exigió al reportero que se retractara de lo escrito, y una vez llegado el avión a su destino, introdujo al pasajero en un coche y le llevó hasta un bosque donde ordenó a los guardaespaldas que les dejaran solos. Durante la conversación, se burló de Anna Politkóvskaya, la célebre reportera asesinada seis años antes, y amenazó la vida de su interlocutor. Posteriormente, el propio jurista admitió los hechos y pidió disculpas por ello, asegurando que fue víctima de un "arrebato emocional".

Herramienta del Kremlin

De acuerdo con la de de investigación Putin's List, Bastrykin ha convertido al Comité de Investigación en "una de las herramientas para preservar el régimen de Putin, abriendo casos criminales contra los dirigentes de la oposición e investigaciones en casos judiciales claramente políticos". Es un hombre de la máxima confianza del presidente Vladímir Putin, como lo prueba su longeva relación, que se remonta a los años de facultad, cuando ambos cursaban estudios de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado. Su cercanía con el líder del Kremlin le ha convertido en uno de los personajes de su entorno más castigados por las sanciones internacionales: en EEUU tiene prohibida la entrada y sus activos inmovilizados.

En Rusia, por ley, los altos funcionarios rusos y las personalidades con acceso a los secretos de Estado tienen limitada la capacidad de comprar y poseer propiedades en los países miembros de la OTAN. Ello no ha sido óbice para que Bastrykin adquiriera, de forma secreta, propiedades inmobiliarias en la República Checa e incluso estuviera en posesión de un permiso de residencia, un extremo que salió a relucir en una investigación parlamentaria en 2006 y que denunció de nuevo el bloguero anticorrupción Alekséi Navalni seis años más tarde.