TOM3 y racimos, las letales armas prohibidas del ataque ruso

Cuando es disparada o soltada por un avión, despliega un pequeño paracaídas. Si aterriza en suelo blando, se entierra; si cae en suelo duro, un mecanismo acciona sus seis patas de chapa, la estabiliza en vertical y hunde en el terreno un sensor sísmico. Durante las siguientes 24 horas, la mina rusa TOM-3 estará atenta al paso de personas. Si detecta las pisadas cerca de alguna víctima, estallará dispersando por el aire una nube de aros explosivos que a su vez esparcirán metralla. En un radio de 16 metros es segura la muerte.

Las TOM 3, apodadas “minas medallón”, son una de las armas más proscritas en el mundo, pero Rusia, el país que las está empleando en el campo de batalla ucraniano, no es uno de los 156 estados que pueda sentirse atañido por la prohibición, pues no suscribió el Tratado de Otawa, más ampliamente llamado Convención de 1997 sobre Prohibición y Destrucción de las Minas Antipersonal. Ucrania sí lo ratificó.

El pasado 31 de marzo, el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania emitió una nota dirigida a la población civil bajo el titulo “¡Advertencia! ¡Minas Medallón!”, en la que certificaba con imágenes el hallazgo de este tipo de armas por primera vez en las provincias de Jarkov y Sumy.

El uso de las TOM-3 fue también denunciado, dos días antes y en Berlín, por los analistas de Human Rigths Watch (HRW), sobre observaciones de técnicos en desactivación de explosivos en Ucrania.  

El informe de la oenegé atribuye la dispersión de estas minsa a un lanzacohetes ruso, “el ISDM Zemledelie-I, que dispara las minas POM-3 de 5 a 15 kilómetros de distancia”, asegura. La denuncia de HRW recuerda: “En noviembre de 2020 Rusia le dijo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que ‘comparte los objetivos del tratado y apoya un mundo libre de minas’, pero considera que las minas antipersonal “son una forma efectiva de garantizar la seguridad de las fronteras de Rusia”.

Racimos de la muerte

El gobierno ucraniano busca ahora, acumula y ordena testimonios y pruebas del uso de este tipo de artefactos contra civiles para aportarlas en una posterior causa internacional contra Rusia, informan a este diario representantes de la oenegé española Unidos con Ucrania. Por su parte, HRW concluye su último informe sobre las TOM-3 rusas recordando que también detectó su uso en la guerra del Donbás previa a la invasión de Ucrania, y en las consecutivas confrontaciones de Siria y Libia, “coincidiendo a menudo con la presencia militar rusa como una parte en esos conflictos”.

Las denuncias públicas por el empleo de armas que son inaceptables para todos los ejércitos de Europa salvo el ruso (ni tampoco China o Estados Unidos) seguía a la ya conocida polémica por el bombardeo por parte de Rusia de instalaciones ucranianas con bombas de vacío, que convierten en llamas todo el oxígeno existente en el área atacada.

La denuncia por el uso de minas en la invasión de Ucrania se enmarca en la reorganización de las tropas rusas, para proteger su repliegue hacia el Donbás.

No solo a esa fase, también a la inicial de ataque, pertenece el uso de armas de racimo. Y la denuncia no está soportada solo por una de las partes o una oenegé, también por las Naciones Unidas.

Una convención internacional firmada por 100 países prohíbe su fabricación, almacenaje y uso. Entró en vigor en agosto de 2010, en cuento estuvo ratificada por 30 de los firmantes.

La comisaria de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, hizo público un recuento de su departamento el pasado 31 de marzo, según el cual Rusia ha empleado munición de racimo en 24 ocasiones contra Ucrania, y no solo contra sus fuerzas armadas: también contra población civil.

Bachelet dijo al final de marzo de que dispone de “información creíble” sobre el uso probable de este tipo de material por Ucrania.

Hectáreas destruidas

La munición de racimo se dispara en proyectiles-carcasa, que en un momento de su vuelo se abren esparciendo potentes cápsulas explosivas. Su baja precisión, con un 30% de nivel medio de error, y su alta probabilidad de afectar a no combatientes durante el ataque y tiempo después, llevó a la comunidad internacional a promover su proscripción. “Por su metodología, no discrimina: se esparce y al final pagan los civiles”, explica un experto en intervención de armas de la Guardia Civil.

En el caso ruso, el más documentado, ese tipo de bombas no ha sido mayoritariamente dispersada por la aviación sino por sus típicos camiones lanzacohetes BM21 Grand, BM27 Uragan y BM30 Smerch, según han observado analistas del ministerio de Defensa consultados.

Una batería de seis de estos lanzacohetes disparando munición de racimo puede dejar afectada un área de varias hectáreas, destruyendo edificios, vehículos, baterías y, por supuesto, seres humanos.

Las bombas del oligarca

En materia de bombas de racimo, Rusia ha alcanzado ventaja industrial con respecto al resto de Europa por no haber prohibido su fabricación. En 2017, según nota de la agencia Sputnik que recogieron varios medios, la firma rusa Techmash tenía preparada la exportación de bombas SPBE-K y RBK-500, carcasas con 54 submuniciones en el interior que se vendían con la ventaja de que pueden ser lanzadas por un avión sin tener que penetrar en la zona cubierta por la defensa aérea enemiga.

Tecmash es un complejo de 48 fábricas de munición, explosivos y productos químicos militares, integrada a su vez en el holding de la defensa Rostec, la firma que dirige el oligarca ruso sancionado en Europa y Estados Unidos Serguei Chemezov.

De Rostec dependen 700 fábricas y talleres públicos y semiprivados rusos, entre ellos la armería Kalashnikov. Chemezov fue agente del KGB, y compañero de destino de Vladimir Putin en Alemania del Este en los años 80. Es también el propietario del yate Valerie, inmovilizado en Barcelona por el Gobierno desde el pasado 15 de marzo.

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