Tribunal Penal Internacional, a la caza de criminales de guerra

Las matanza indiscriminada de civiles en el territorio de Ucrania ha vuelto a poner en el hilo de los medios de comunicación el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en la ciudad holandesa de La Haya, esta vez para investigar en suelo europeo, por primera vez desde que se creó, en 1998, supuestos crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Este tribunal, basado en los principios y normas recogidas en el denominado Estatus de Roma, se formó para perseguir y condenar los crímenes más graves cometidos por individuos en contra del Derecho Internacional. En el punto de mira está el presidente ruso, Vladímir Putin, aunque es muy poco probable que el líder del Kremlin se siente algún día ante los jueces de La Haya, entre otras razones, porque Rusia no es un país adherido a la TPI, como tampoco lo es Estados Unidos, China, Irak, Cuba o la propia Ucrania. En el TPI no existe la figura del juicio en ausencia y solo podría ser juzgado si fuera entregado por las autoridades de su propio país.

Los precedentes más cercados al TPI y que le sirvieron en su día como modelo a seguir fueron los tribunales constituidos 'ad hoc' -específicamente y de forma temporal- para investigar y castigar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra de la antigua Yugoslavia y en Ruanda.  

Políticos y religiosos

El Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) se creó en mayo de 1993 y no se disolvió hasta 24 años más tarde. En total dictó sentencias contra 90 personas. Las más destacadas fueron los 40 años de prisión al exlíder serbobosnio Radovan Karadzic, acusado de crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio durante la guerra de Bosnia, y la cadena perpetua al excomandante del Ejército Serbiobosnio Ratko Mladic, por la persecución, exterminio y asesinato de 8.000 musulmanes bosnios, muchos de ellos niños, en la localidad de Srebrenica en 1995. El TPIY “fue el pionero de la creación de la arquitectura contemporánea de la justicia criminal internacional”, dijo el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, cuando se cerró el tribunal el 31 de diciembre de 1997.

En paralelo al de la exYugoslavia se abrió el tribunal internacional que juzgó a los responsables del genocidio en Ruanda, el asesinato por parte de milicias hutus de 800.000 personas de la comunidad tutsi en una brutal carnicería que duró cien días. El TPI para Ruanda dictó sentencias condenatorias a más de 60 personas, entre mandos militares, políticos y religiosos. La corte 'ad hoc' se disolvió a finales de 1996.

El Tribunal Pena Internacional de La Haya ha investigado y juzgado desde que se puso en marcha a varios criminales de guerra, prácticamente todos de países africanos. La primera condena, en 2012, fue contra Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en la región de Ituri (República Democrática del Congo, RDC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003. Fue sentenciado a 14 años de prisión.

Orden de captura

El último proceso se abrió el pasado martes contra el antiguo comandante de las milicias 'yanyauid' Alí Muhamad Alí Abdelrahmán, alias 'Alí Kushayb', en el primer juicio contra un acusado de crímenes de guerra cometidos hace veinte años en Darfur (Sudán). Precisamente y relacionado con este conflicto, el TPI dictó en 2009 la primera orden de arresto contra un presidente en ejercicio, el sudanés Omar al Bashir, por crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil de esta región del oeste de Sudán entre 2003 y 2008. La segunda orden de captura contra un jefe de Estado fue en junio de 2011 contra el líder libio Muamar el Gadafi, aunque se archivó tras su muerte a finales de ese año en plena revuelta de la denominada Primavera Árabe.

En la lista de condenados por el TPI está también Bosco Ntaganda, alias 'Terminator', exjefe adjunto del Estado Mayor y comandante de las Fuerzas de patrióticas para la Liberación del Congo. Ntaganda fue condenado a finales de 2019 a 30 años de cárcel, la mayor pena impuesta hasta ahora por el TPI a un criminal de guerra.

En 2016 los magistrados de La Haya impusieron por primer vez una condena por destruir patrimonio cultural. El islamista radical Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias 'Abu Turab', fue condenado a 9 años de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad.