Gas y electricidad

El menú de Bruselas frente a la crisis energética: topes de precios, compras conjuntas y compensaciones a los productores

  • La Comisión Europea presenta este miércoles su batería de opciones para amortiguar la subida de precios a corto plazo en hogares y empresas

  • También propone un reglamento que establecer un nivel obligatorio de almacenamiento de gas del 90% al 1 de noviembre para aumentar la autonomía

Un oleoducto, en una fotografía de archivo. EFE/Zxolt Szigetvary

Un oleoducto, en una fotografía de archivo. EFE/Zxolt Szigetvary

5
Se lee en minutos
Silvia Martinez
Silvia Martinez

Periodista

ver +

Durante los últimos doce meses los precios minoristas del gas se han disparado un 65% y un 30% los de la electricidad y la invasión rusa de Ucrania no ha hecho sino añadir más presión a un mercado sumamente volátil. Una situación que países como España, Italia, Grecia o Portugal llevan meses denunciando debido al impacto en hogares y empresas. El plan de emergencia diseñado por la Comisión Europea para responder a corto plazo a la subida de los precios de la luz y el gas, que presentará este miércoles en vísperas de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra el 24 y 25 de marzo, incluye un "menú de opciones" con compensaciones a los consumidores, topes a los precios del gas y la electricidad y compras conjuntas de gas e hidrógeno a nivel internacional.

“Pensamos que hay una volatilidad enorme en el mercado de la electricidad debido a los elevados precios del gas, cuyo impacto es perjudicial para la competitividad de la industria europea y hay que encontrar mejores soluciones”, ha explicado este martes el vicepresidente de la Comisión, Maros Sefcovic, tras la reunión celebrada por los ministros de asuntos europeos para preparar el debate energético de la próxima cumbre. La intención de Bruselas es abrir una discusión sobre “las mejores opciones posibles” aunque, tal y como señala el borrador consultado por EL PERIÓDICO, “ninguna de ellas ofrece una solución mágica” y “todas tienen ventajas y desventajas” dada la “diversidad” de la situación en los Estados miembros.

Compensaciones y ayudas


El documento menciona las ayudas directas a los consumidores, particularmente a los más vulnerables, y rebajas en el IVA del gas y la electricidad, un camino que ya han seguido numerosos Estados miembros aunque el marco legal europeo ofrece, según Bruselas, posibilidades que no han sido plenamente explotadas, “incluidas exenciones para los hogares”. Se trata de una solución costosa financieramente aunque Bruselas sugiere que los Estados miembros podrían utilizar los impuestos energéticos, los ingresos del régimen de comercio de emisiones de CO2 o un eventual gravamen a los beneficios de algunas eléctricas para financiar este tipo de compensaciones. El plan también incluye la posibilidad de realizar compras de electricidad a través de una “entidad pública" o un modelo de "agregador" para comprar electricidad en el mercado de forma ventajosa y revenderla a los consumidores más vulnerables a precios inferiores. Otra opción sería intervenir directamente en el mercado mayorista, compensando financieramente a los productores de electricidad de energías fósiles por el alza de los precios, para que a su vez reduzcan y fijen un precio de referencia de la electricidad. De esta forma, el estado pagaría la diferencia y los sobrecostes no serían repercutidos en la factura de los consumidores.

Topes a los precios


El menú también incluye la posibilidad de establecer topes al precio de la electricidad mayorista aunque esta opción requeriría una reglamentación “estricta” para garantizar que las "compensaciones financieras" a las eléctricas, por la diferencia de precio, son razonables. Entre los efectos negativos, según Bruselas, está la posibilidad de que las eléctricas desvíen su producción hacia países terceros sin topes de precios con lo que la electricidad subsidiada por la UE podría terminar beneficiando a países terceros en vez de a los consumidores europeos. En cuanto a la intervención del precio del gas, el origen de los elevados precios de la electricidad, el menú también incluye la opción de modular el precio o fijar un techo aunque para ser eficaz la medida “tendría que ser implementada por todos los Estados miembros”. Entre los desafíos de esta medida está establecer el nivel adecuado. “Si se fija (un tope) demasiado bajo sería difícil atraer más gas a Europa y podría incentivar que las empresas europeas exporten gas a países con precios más altos”, avisa la Comisión. Un precio más bajo también podría promover un mayor consumo mientras que los consumidores con contratos a largo plazo con niveles de precios superiores al tope no se beneficiarían de la medida hasta que sus acuerdos expiren.

Compras conjuntas de gas


El menú también menciona compras conjuntas a nivel europeo de gas natural licuado (LNG) y gas, con el objetivo de reforzar la posición de la UE frente a los suministradores mundiales, al estilo de la estrategia seguida para adquirir vacunas contra el covid19. “La UE puede garantizar mejor el LNG, el gas e hidrógeno a precios asequibles procedentes de terceros países a corto plazo si se compromete con ellos a largo plazo, estableciendo asociaciones de gas rentables a largo plazo que también sienten las bases para la futura importación de hidrógeno”, justifica el Ejecutivo. La idea sería crear un grupo de alto nivel responsable de determinar las necesidades de los Estados miembros, vigilar un uso eficiente de las terminales y facilidades de almacenamiento y de preparar el terreno con suministradores clave de la región del mediterráneo, África, Oriente Próximos y Estados Unidos. Posteriormente, un equipo negociador, liderado por Bruselas, se encargaría de llevar a buen puerto las negociaciones 

Reservas al 90% por ley


Además del menú de opciones, Bruselas también planteará este miércoles una estrategia para mejorar el almacenamiento de gas en Europa con vistas a reducir la dependencia de Rusia y mejorar su autonomía ante cualquier problema que pueda surgir en el futuro. Para ello, propone que todas las infraestructuras de almacenamiento estén obligatoriamente al 90% de su capacidad (actualmente está al 26%) para el 1 de noviembre de cada año. La propuesta fija objetivos intermedios de llenado diferentes para cada Estado miembro para los meses de abril, junio, agosto y octubre.

El documento sugiere además una trayectoria por Estado miembro. Según la misma, España tendría que alcanzar unas reservas de gas del 63% en mayo, del 69% en junio, 74% en julio, 79% en agosto, 85% en septiembre, y 90% para octubre. A partir de 2023 sería la Comisión Europea la encargada de ajustar las trayectorias a través de un acto delegado. Los Estados miembros que no disponen de depósitos de almacenamiento tendrán que cerrar acuerdos con operadores de otros países de la UE. Además, dado que se trata de infraestructuras críticas para la seguridad europea y que muchos depósitos están en manos de empresas como Gazprom, la propuesta también introduce disposiciones y medidas de salvaguarda.