Un tribunal japonés condena al Estado a indemnizar a personas discapacitadas esterilizadas de forma forzosa

Un tribunal japonés ha condenado este martes al Estado y le ha ordenado indemnizar a tres personas con discapacidad por haber sido esterilizadas de forma forzosa, bajo un programa que estuvo en marcha en el país hasta el año 1993. Es la primera resolución de este tipo en Japón.

El Tribunal Superior de Osaka (oeste) se ha pronunciado este martes a favor de tres personas con discapacidades intelectuales que habían presentado demandas contra el Gobierno central y habían reclamado una compensación por haber perdido el derecho a tener descendencia.

La resolución judicial ordena al Estado a indemnizar con un total de 27,5 millones de yenes (unos 211.000 euros) a una pareja octogenaria y a una mujer de unos 70 años, todos ellos con discapacidad intelectual derivada de enfermedades, según los detalles del caso recogidos por la cadena estatal NHK.

"Inconstitucional e inhumano"

La sentencia, hecha pública este martes, señala que las esterilizaciones forzosas a las que fueron sometidas los demandantes tuvieron lugar bajo un programa estatal "claramente inconstitucional" e "inhumano", al vulnerar la libertad de tener hijos y ser "discriminatoria" contra las personas con discapacidad.

Unas 20.000 personas fueron esterilizadas en Japón entre 1948 y 1993. De ellas, 16.500 no dieron consentimiento previo, en un programa sobre el que el Gobierno nipón se llegó a disculpar públicamente y que en decenas de casos ha llegado hasta los tribunales.

La ley nipona de protección de la eugenesia autorizaba la esterilización de personas con discapacidades o enfermedades hereditarias, así como a practicar abortos, con el objetivo de evitar nacimientos de una descendencia "inferior".

Resolución pionera

Esta normativa -similar a la que aplicaba Alemania durante el nazismo, Suecia hasta mediados de la década de los 70, o algunos estados de EEUU hasta casi los 80- fue revocada en 1996 y sustituida por un reglamento de protección maternal para los abortos.

Aunque varias instancias reconocieron la inconstitucionalidad del programa estatal en otras demandas presentadas por afectados, hasta la fecha ninguna resolución judicial había ordenado al Gobierno a pagar a los afectados, por considerar que habían pasado más de 20 años desde que se produjeron las esterilizaciones.

El Parlamento nipón aprobó en 2019 una medida para repartir 3,2 millones de yenes (unos 24.0000 euros) a cada persona que hubiera sido víctima de esterilizaciones forzosas, lo que fue ampliamente criticado entre los afectados al considerar insuficiente esta cantidad. Los demandantes que han ganado el caso ante el tribunal de Osaka reclamaban un total de 55 millones de yenes (422.000 euros) en concepto de indemnización.

El ministro japonés de Salud, Trabajo y Bienestar, Goto Shigeyuki, calificó la resolución judicial de este martes de "muy estricta" y "contraria a las alegaciones del Gobierno", mientras que el portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, señaló que se estudiará una posible apelación.