La justicia europea abre la puerta a castigar a Polonia y Hungría con la retirada de fondos

El pulso de Polonia y Hungría contra el mecanismo que condiciona el desembolso de los fondos europeos al respeto del Estado de derecho ya tiene respuesta de la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la UE ha desestimado íntegramente este miércoles el recurso planteado por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su colega polaco, Mateusz Morawieki, al considerar que el reglamento, acordado in extremis por los Veintisiete a finales de 2020 tras una larguísima negociación y denunciado posteriormente por Varsovia y Budapest, tiene una "base jurídica adecuada", es conforme con el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado y respeta los límites de las competencias europeas y el principio de seguridad jurídica.

Prueba de la relevancia del caso es que la denuncia se ha tramitado por procedimiento acelerado, que ha sido dirimido en Gran sala (el pleno de quince jueves) y que el Tribunal ha retransmitido su lectura en directo , algo que raramente ocurre. La sentencia sigue la línea marcada por el abogado general de la UE a principios de diciembre pasado cuando concluyó que el reglamento, negociado en el marco del plan de recuperación Next Generation EU y el marco presupuestario de la UE para el período 2021-2027, tiene una base jurídica adecuada, es compatible con los límites que marcan los Tratados y respeta el principio de seguridad jurídica, los tres elementos que cuestionaban Orban y Morawiecki, y que ha desestimado completamente el TJUE.

El reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2021 aunque la Comisión Europea ha optado por mantener congelada su aplicación -envió varias cartas preliminares a finales del año pasado- a la espera del pronunciamiento final de la corte europea. Con el veredicto en la mano, Bruselas no tiene excusas para no activarlo, tal y como le ha pedido reiteradamente la Eurocámara que incluso denunció al Ejecutivo comunitario ante la corte europea por no aplicar el reglamento frente a la deriva autoritaria de ambos países.

Estado de derecho, innegociable

"El Parlamento Europeo espera ahora que la Comisión aplique el mecanismo de condicionalidad rápidamente. La condicionalidad de los fondos de la UE vinculada al respeto del Estado de derecho no es negociable para la Eurocámara", ha dicho tras conocer la sentencia su presidenta, Roberta Metsola, resumiendo el sentir de prácticamente todos los grupos políticos. "La Comisión defenderá el presupuesto de la UE contra las violaciones de los principios del estado de derecho. Actuaremos con determinación", ha prometido acto seguido Ursula von der Leyen.

La respuesta, sin embargo, no será ni rápida ni automática. Aunque el pulso viene de lejos, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha anunciado que antes deben analizar la sentencia en profundidad, su impacto y adoptar primero directrices sobre la aplicación práctica del mecanismo. Esto significa que la activación del procedimiento podría tardar todavía meses en producirse. En todo caso, después de las elecciones legislativas que celebra Hungría el próximo 3 de julio lo que evitaría que Orbán las convierta en un plebiscito sobre la UE.

Críticas a Bruselas

El pronunciamiento, tras un proceso en el que se han personado en defensa del mecanismo además de los servicios jurídicos de la Comisión Europea los de una decena de países de la UE -desde Francia, Alemania, Irlanda, Dinamarca, Bélgica o Finlandia hasta España o Luxemburgo- abre la puerta al bloqueo de miles de millones en fondos europeos. Polonia aspira a recibir 36.000 millones y Hungría 7.200 millones del fondo de recuperación, aunque sus planes nacionales permanecen bloqueados porque no garantizan ni independencia judicial ni una auditoría robusta contra posibles fraudes, a los que se suman miles de millones más en fondos regionales y agrícolas.

Pese al revés, ambos países ya han anunciado que seguirán dando batalla. "La sentencia es un ejemplo de la forma en la que Bruselas abusa de su poder", ha dicho Zoltan Kovacs, portavoz de Orbán, que ha calificado el veredicto de "decisión política" vinculándola con la consulta que celebrarán el 3 de abril, coincidiendo con las elecciones, sobre la reforma que impide hablar de homosexualidad en las escuelas. "Polonia tiene que defender su democracia contra el chantaje que busca retirarnos nuestro derecho a decidir por nosotros mismos. Sobre todo, teniendo en cuenta que se pretende que Polonia pierda fondos por medidas que son un estándar en España o Alemania", ha criticado el viceministro de justicia polaco, Sebastian Kaleta.

Valores europeos

La sentencia recuerda que el procedimiento de bloqueo de fondos tiene como objetivo proteger el presupuesto de la UE o los intereses financieros cuando se ven afectado "de un modo suficientemente directo" por la vulneración de los principios del Estado y de derecho, y no sancionar como tal la vulneración. Además, recuerdan que el respeto de los valores comunes de la UE, entre ellos el estado de derecho y la solidaridad, es "un requisito" para disfrutar de los derechos que confiere el Tratado, algo que no termina cuando un país deja de ser país candidato y se integra en la UE, y que la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse seriamente amenazados por la vulneración de los principios del Estado de Derecho que se produzca en un Estado miembro.