Las adopciones ilegales durante la dictadura de Pinochet reabren heridas en Chile

El tórrido verano apenas da tregua en un Chile que intenta dejar atrás las matrices profundas que se forjaron durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90). La Asamblea Constituyente promete barrer lo que queda de la institucionalidad de los años de plomo y libre mercado a cualquier precio. Pero algunas marcas de aquel pasado se expanden todavía sobre el horizonte de cambios. A menos de tres meses de abandonar el poder, el Gobierno de derechas ha decidido finalmente lanzar un plan piloto para localizar a cientos de víctimas de adopciones ilegales de personas nacidas durante el régimen militar y que se encuentran en territorio chileno y en el exterior.

El destino de esos niños y niñas se ha repartido especialmente entre Suecia, el país que cuenta con una de las mayores tasas de adopción internacional per cápita a nivel mundial, así como Italia, Francia y Estados Unidos. "Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos vejatorios de la dignidad humana", ha explicado el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ha asegurado que existen unos 700 casos.

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Las estimaciones oficiales han provocado cierto desconcierto en los organismos defensores de derechos humanos, entre otras razones porque hace tres años el juez Mario Carroza calculó en 20.000 las adopciones ilegales al iniciar sus investigaciones. El prestigio de Carroza está fuera de discusión. Condenó a 11 militares que participaron de la llamada Caravana de la Muerte, la causa por la que en el año 2000 fue desaforado y procesado el propio Pinochet. También investigó las muertes de Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda y el padre de la expresidenta Michelle Bachalet, entre otros episodios dolorosos de la historia de ese país.

Más de 300 familias afectadas

La iniciativa de la Administración del presidente Sebastián Piñera contempla el acompañamiento a las familias en sus reclamaciones y el acceso a pruebas de ADN a quienes viven en el extranjero. Para la agrupación Hijos y Madres del Silencio, que reúne a casi 300 familias afectadas por el mismo drama desde hace décadas, el ofrecimiento del Gobierno es limitado. "No tienen los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019″. El colectivo espera que Gabriel Boric, el sucesor de Piñera, escuche sus peticiones.

El fin del silencio

El tema de las adopciones ilegales durante la dictadura comenzó a adquirir relevancia en el espacio público a partir del segundo mandato de Michelle Bachelet, cuando se conocieron una serie de denuncias de familias que responsabilizaron al sacerdote Gerardo Joanon como intermediario en procesos de esas adopciones. Durante muchos años, Joanon negó haber tenido responsabilidad en los hechos que habían señalado. Sin embargo, con el tiempo se ha mostrado más permeable a contar lo que hizo y lo que sabe: "El sufrimiento en que se encuentran algunas personas es algo que me golpea y me solidarizo profundamente con ellas. Pido perdón si algunas de mis acciones generaron y siguen generando dolor durante tantos años a los afectados. Espero que se conozca la verdad para que todos podamos encontrar la paz que buscamos".

El Centro de Investigación Periodística de Chile (Ciper) tuvo un papel relevante en el esclarecimiento de lo que ocurrió mientras Pinochet gobernaba. De acuerdo con Ciper, el robo de bebés y niños se sistematizó sobre la base del engaño: a las madres se les hacía firmar documentos incomprensibles. También les informaban en los hospitales de que sus hijos habían nacido muertos. Y cuando esos mecanismos de apropiación no funcionaban, se declaraba a las madres incompetentes para la crianza de sus hijos.

Los académicos Karen Alfaro Monsalve y José Luis Morales han asegurado que la "adopción transnacional de niños y niñas chilenos pobres a Suecia fue valorada por la dictadura militar como un mecanismo de proximidad diplomática y política". De esa manera, se buscaba "establecer vínculos con instituciones y sectores de extrema derecha" de un país que, especialmente bajo los gobiernos del primer ministro Olof Palme, fue un tenaz crítico de las violaciones a los derechos humanos en Chile. Las actuales autoridades suecas anunciaron en octubre pasado que comenzarán a investigar 2000 adopciones irregulares de niños chilenos. A Piñera no le ha quedado otra alternativa que acompañar esa decisión.

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