Crisis sanitaria global

El debate sobre la vacuna obligatoria divide al Gobierno alemán

El canciller Scholz no consigue poner de acuerdo a los tres partidos de su Ejecutivo sobre una medida que genera cada vez más críticas

Un científico alemán, con pruebas de vacunas para el coronavirus, el 12 de marzo del 2020

Un científico alemán, con pruebas de vacunas para el coronavirus, el 12 de marzo del 2020 / periodico

Andreu Jerez

Andreu Jerez

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"La vacunación obligatoria significa un debate obligatorio". Estas palabras del presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, resumen el momento político que vive Alemania respecto a la posible introducción de una vacunación obligatoria contra el coronavirus. En un reciente debate sobre la gestión de la pandemia y la inmunización, el presidente alemán, muy crítico con los sectores negacionistas y el potente movimiento anticorona alemán, prefirió no definirse sobre la medida. “Como presidente federal no me posicionaré por uno por un no sobre una vacunación general obligatoria”, dijo.

La declaración de Steinmeier expresa las dudas crecientes sobre una medida que se daba por hecha a finales del 2021. El pasado noviembre, el entonces todavía candidato a canciller Olaf Scholz se mostraba dispuesto a  introducir la vacunación obligatoria para mayores de edad “a finales de febrero o inicio de marzo”. La llegada a Europa de la variante Ómicron -que pone en entredicho la fiabilidad de las actuales vacunas-, sumada a las dudas que expresan algunas asociaciones médicas y a las abiertas discrepancias existentes dentro del Gobierno de coalición semáforo, aleja cada vez más esa posibilidad.

El tripartito gobernante de socialdemócratas, verdes y liberales acordó celebrar a finales de este enero un debate en el Bundestag libre de la disciplina de partido. Los parlamentarios de las formaciones de Gobierno y de la oposición quedarán así liberados para presentar las mociones que crean pertinentes y también para votar lo que dicte su conciencia sobre la propuesta legislativa. Esta modalidad parlamentaria basada en la "libertad de conciencia" ya se usó en debates anteriores sobre la eutanasia o la ampliación del derecho al aborto, por poner dos ejemplos.

Dimensión moral

El canciller socialdemócrata Scholz defiende el formato parlamentario por la dimensión moral que supone la introducción de una vacunación obligatoria. Otras voces apuntan, sin embargo, al débil liderazgo de Scholz en este asunto y a su incapacidad de poner de acuerdo a las tres formaciones de su Gobierno como razones principales. "La declaración de Scholz debía ocultar que no puede convencer a su propia coalición de votar a favor”, escribe la columnista del semanario Der Spiegel Valerie Höhne.

La parlamentaria verde Ricarda Lang reconoció recientemente a EL PERIÓDICO la resistencia que hay especialmente dentro del FDP respecto a la medida. El diputado liberal Wolfgang Kubicki, vicepresidente del FDP y también uno de los vicepresidentes del Bundestag, ya ha presentado una moción contra la inmunización obligatoria. “Estaba claro desde un inicio que Kubicki no cambiaría su opinión tan sólo unos meses después del inicio del Gobierno de la coalición semáforo”, aseguró Lang en una conferencia con periodistas extranjeros. La declaración de Lang deja aún más en evidencia el liderazgo de Scholz en un asunto sobre el que, sin embargo, sigue prometiendo una decisión rápida que debería estar tomada como muy tarde el próximo marzo, según la cancillería.

Consejo de Ética

"Hay todavía una larga lista de condiciones o medidas adicionales que son ineludibles antes de que, en nuestra opinión, pueda llegar la vacunación obligatoria”, dijo hace pocos días Alena Buyx, presidente del Consejo de Ética alemán, un foro médico, académico y científico independiente creado para abordar asuntos de calado moral y que debería servir de referencia para el Gobierno federal y el poder legislativo.

Las declaraciones de Buyx suponen otro jarro de agua fría para las intenciones de Scholz. El año pasado, el Consejo de Ética había recomendado una introducción de la vacunación general obligatoria ante el avance de la variante Delta y la cuota de vacunación relativamente baja que sigue arrastrando Alemania. La llegada de Ómicron y la gestión de la pandemia por parte de las autoridades alemanas han hecho cambiar, no obstante, la posición del grupo de expertos. “Puede que nuestra actual cuota de vacunación sea suficiente ante futuras mutaciones más inofensivas a la hora de poder controlar una situación pandémica”, reflexiona Buyx, que pide además al poder ejecutivo y al legislativo evitar la precipitación.

El caso austriaco

Alemania cuenta con algo más del 72% de su población doblemente vacunada. Ante el techo de inmunización alcanzado y la presión sobre el sistema sanitario, el Gobierno saliente de Merkel sacó adelante el año pasado una vacunación obligatoria para empleados de hospitales y de asilos de ancianos –médicos, enfermeros, cuidadores, celadores... –. Aquellos empleados que no puedan demostrar que están vacunados o recuperados de la enfermedad hasta mediados del próximo marzo, tendrán que contar con las consecuencias, el despido en el peor de los casos.

La introducción de esta vacunación obligatoria para profesiones relacionadas con la salud pública y el cuidado de personas mayores se presenta como una prueba general de lo que podría ser la vacunación obligatoria que anhela el canciller Oalf Scholz y su ministro federal de Salud, el también socialdemócrata Karl Lauterbach.

El caso de la vecina Austria también podría ser una referencia para Alemania: el Gobierno del país alpino decidió aprobar el año pasado la vacunación general obligatoria contra el coronavirus con la que quiere aumentar la cuota inmunización. Aquellos ciudadanos que se sigan negando a vacunarse tendrán que pagar multas de entre 600 y 3.600 euros. La medida debería entrar en vigor el próximo febrero, pero su implementación presenta problemas crecientes: el retraso en la creación de un registro de vacunación -con la implicación que conlleva para la protección de datos ciudadanos- y la previsible ola de demandas contra la medida amenazan con paralizar su efectiva puesta en marcha.

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