La investigación del Congreso sobre el 6 de enero acelera sus pesquisas

Son 40 personas dirigidas por dos antiguos fiscales, uno nombrado por Barack Obama y otro por George Bush. Se dividen en cinco equipos por colores. El verde sigue el dinero, los millones que se recaudaron promoviendo las alegaciones falsas de que las elecciones habían sido robadas. El oro investiga las campañas que hubo en Washington, la Casa Blanca y los estados para subvertir los resultados presideciales o para retrasar la certificación de la victoria de Joe Biden. El púrpura se centra en la desinformación online y la actividad extremista, mientras el rojo estudia la organización de la manifestación que precedió al asalto. Aún hay otro más que analiza qué falló en la seguridad.

Con ese organigrama lleva seis meses funcionando el comité selecto para investigar el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, el panel especial que la Cámara Baja estableció después de que los republicanos bloquearan la creación de una comisión independiente al estilo de la que estudió los atentados del 11-S. Lo componen siete congresistas demócratas y los republicanos Liz Cheney y Adam Kinzinger. En las últimas semanas ha acelerado sus pesquisas y, dentro de poco, podría dar un salto importante, pues se ha anunciado la intención de retransmitir por televisión sus sesiones.

Más de 300 testigos investigados

El comité de momento ha realizado más de 300 entrevistas a testigos, ha emitido 50 citaciones y ha revisado 35.000 páginas de documentos. Denostado por muchos republicanos como “politizado”, está inmerso en una batalla legal con Donald Trump para tener acceso a cientos de páginas de registros oficiales de sus comunicaciones, una lucha que el expresidente ha llevado hasta el Supremo.

El comité se ha topado también con la falta de colaboración de otros personajes clave. Tanto Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Donald Trump, como el asesor Steve Bannon, que ya ha sido imputado por un gran jurado. El Congreso ha pedido al Departamento de Justicia que sean imputados por desacato.

Tras el acelerado segundo proceso de ‘impeachment’ al exmandatario en febrero, las revelaciones del comité y las potenciales vistas televisadas pueden ser la ventana más claramente abierta para los estadounidenses para saber realmente cómo se pudo llegar a aquel día tan oscuro. Y aunque la meta oficial del panel es realizar un informe con un análisis exhaustivo de lo que pasó y realizar recomendaciones para que algo igual no vuelva a suceder (documento que esperan publicar de forma preliminar en verano y en su forma definitiva antes de las legislativas de noviembre, donde los republicanos apuntan a recuperar el control de la cámara), para muchos es también el único camino que queda para depurar responsabilidades que van más allá del asalto físico al Capitolio.

Sin atribuciones para presentar cargos

El comité no tiene capacidad legal para hacer esa depuración, pero sí puede recomendar al Departamento de Justicia que abra investigaciones penales, por más que no sean vinculantes. Es algo que muchos urgen a hacer al fiscal general Merrick Garland, pero por ahora el titular de Justicia es extremadamente cauto en sus declaraciones públicas.

El miércoles, en un discurso a los empleados del Departamento seguido con atención, Garland solo aseguró que las acciones legales emprendidas contra los asaltantes del Capitolio “no serán las últimas”. “El departamento sigue comprometido con hacer responsables ante la ley a todos los que perpetraron el 6 de enero, a cualquier nivel, ya estuvieran presentes ese día o fueran de otro modo penalmente responsables por el asalto a nuestra democracia”, declaró.