El fantasma del 'corralito' resurge en Argentina 20 años después

Diciembre invoca en Argentina a los fantasmas más incómodos. Merodean empujados por la crisis económica, el temor y la desesperanza. A 20 años del 'corralito', la crisis financiera que hizo estallar al país como una bomba de racimo, con cinco presidentes en apenas 15 días, los recuerdos de ese mes de 2001 afloran como un acto reflejo. Las fake news de una potencial reedición de los traumas pasados han sido de tal escala que el Banco Central (BCRA) aseguró que no existe ninguna posibilidad de que los ahorros en dólares vuelvan a ser confiscados. El rumor se había alimentado de una reciente decisión del BCRA, que había prohibido financiar con tarjetas de crédito en cómodas cuotas y pesos argentinos los viajes al exterior. La medida se adoptó para cuidar las reservas internacionales. Por su parte, Gabriela Cerruti, la portavoz del Gobierno del presidente Alberto Fernández, descartó una devaluación del peso nacional.

Pero la intranquilidad no cesa, entre otras razones porque hay un problema común que une a diciembre de 2001 con este mes de diciembre, y es la falta de dólares en las arcas estatales. Argentina tiene una larga y conflictiva relación con la moneda norteamericana. El dólar es algo más que un instrumento de ahorro e inversión, inevitable para las transacciones inmobiliarias. Los sociólogos Mariana Luzzi y Ariel Wilkis, autores de El dólar. Historia de una moneda argentina (1939-2019), lo han calificado de "artefacto público de interpretación de la realidad económica y política que ningún ciudadano del país puede obviar". Las empresas y familias argentinas tienen ahorrados en el exterior o debajo de los colchones de sus casas 304.097 millones de dólares.

Los días del 'corralito'

El problema viene de lejos y ha tenido siempre como contrapartida fuertes devaluaciones. Nada tiene comparación con los estremecimientos de hace dos décadas. Aquellos episodios, que provocaron 33 muertos y olas de saqueos, se leen a través de las zozobras del presente. El 2 de diciembre de 2001, y después de 10 años de vigencia de una ley que estableció la paridad entre la moneda local y la de Estados Unidos, alimentando los sueños de una Argentina de Primer Mundo sobre la base de la venta de empresas estatales y un furioso endeudamiento externo, el Gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa se encontró con una sequía irremediable. Banqueros, financieros y personas relacionadas con el poder político llegaron a tiempo a retirar sus depósitos y remitirlos al exterior. Los ahorradores no, y por eso, desde ese día solo pudieron sacar de sus cuentas 250 dólares. Se congelaron 70.000 millones de la divisa norteamericana.

Para De la Rúa fue el principio del fin. Tronaron las caceroladas. El Gobierno decretó el estado de sitio. Arreciaron las protestas. El 20 de diciembre, el presidente dimitió. El primer mandatario provisional, Adolfo Rodríguez Saa, suspendió el pago de la deuda externa que representaba el 166% del PIB. Semanas más tarde, el mandatario provisional, Eduardo Duhalde, depreció un 400% la moneda argentina. El derrumbe argentino tuvo efectos duraderos en la vida de sus habitantes.

El Fondo, otra vez

La hecatombe del 'corralito' y la actualidad tienen, además de los dólares, otro protagonista en común: el Fondo Monetario Internacional (FMI). La suerte de De la Rúa se decidió desde el momento en el que el organismo financiero se abstuvo de continuar financiando a Argentina. Por estos días, el Gobierno de Fernández protagoniza un pulso con el FMI de incierto final. En 2006, Néstor Kirchner decidió cancelar de una vez toda la deuda que el país arrastraba con el Fondo Monetario: 9.800 millones de dólares. Pero en 2018, un mandatario de signo político contrario, Mauricio Macri, volvió a pedir dinero al FMI: 47.000 millones de dólares. Gran parte de ese desembolso inédito en la historia de la entidad alimentó el mecanismo de la fuga de capitales en los dos últimos años de la Administración de derechas.

Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 bajo el peso de esa deuda, así como la contraída con los acreedores privados. En 2020 logró refinanciar este último pasivo. El acuerdo con el FMI todavía no llega. Argentina debería abonar en 2022 y 2023 más de 38.000 millones de dólares. Fernández dijo que no pactará un acuerdo sobre la base de mayores penurias para una sociedad con un 41% de pobres. Una comitiva de su Gobierno ha viajado a Washington para negociar con el organismo. Mientras, Buenos Aires se cocina por el calor y las profecías de nuevos desastres.

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