Juicio militar

Israel condena a la cooperante española Juana Ruiz tras un acuerdo de culpabilidad

Acusada de trabajar y recaudar fondos para una "organización ilegal", su defensa considera que el caso sirve de advertencia para el personal de las oenegés que trabajan en Palestina

Cooperante española en Cisjordania Juana Ruiz Sánchez

Cooperante española en Cisjordania Juana Ruiz Sánchez

Andrea López-Tomàs

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Para conseguir la libertad, Juana Ruiz Sánchez ha tenido que aceptar las acusaciones contra ella. La cooperante española de 63 años ha sido declarada culpable por una jueza castrense israelí de trabajar y recaudar fondos para una organización ilegal. La condena se detallará el 17 de noviembre, aunque lo más probable es que la jueza acepte la petición de la fiscalía, que ha rebajado a 13 meses de prisión la pena a la trabajadora de los comités de salud palestinos, entre rejas desde abril. "Es un mensaje de las autoridades militares israelís a quienes colaboren con organizaciones que trabajan en Palestina: cuidado, os puede pasar lo mismo que a Juana", denuncia Teresa Aranguren como representante de su campaña de liberación.

La acusada ha admitido "solo un cargo, que sospechaba que la organización para la que trabajaba estaba conectada con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP)", según su abogado, Avigdor Feldman. "Yo siempre pensé que trabajaba para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué en algo, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer daño", declaró en el juicio de este miércoles esta española residente en los territorios ocupados desde los años 80.

Israel considera al FPLP como grupo terrorista y acusa a la organización para la que trabajaba Juana de financiar al Frente con sus donaciones. "Esto va a ser utilizado por la maquinaria propagandística israelí para afianzar las alegaciones contra las oenegés que actúan en Palestina", ha dicho Aranguren a EL PERIÓDICO. El "acuerdo de culpabilidad" pactado entre la fiscalía y la defensa llega en un contexto de cerco a la sociedad civil palestina con la designación de seis organizaciones humanitarias palestinas como terroristas.

Oenegés palestinas "terroristas"

"El Gobierno israelí las ha declarado ilegales sin ningún tipo de evidencia, pero el caso de Juana no tiene nada que ver con ellas", ha insistido Feldman a este diario. Pocas horas después de la vista de Juana, los ministros de Exteriores, Yair Lapid, y Defensa, Benny Gantz, han vinculado la "admisión de culpabilidad" de la cooperante española a una falsa participación en la recaudación de fondos para el Frente. "Las declaraciones de los ministros son una tergiversación de lo que pasó en el juicio; se está usando como falsa propaganda contra las organizaciones de la sociedad civil en Cisjordania", ha añadido el letrado. 

Como habitante de los territorios ocupados palestinos, y no de las colonias, Ruiz Sánchez es juzgada por cortes militares. "La ley militar se implementa sobre las personas palestinas como base del sistema colonial que se desdobla para los colonos", explican a este diario desde Addameer, oenegé en apoyo de los presos palestinos que ha sido acusada de terrorismo por el Estado hebreo. La noche del 13 de abril soldados israelís irrumpieron en casa de los Rishmawi Ruiz y se llevaron detenida a la cooperante española, que era empleada desde 1993 de los Comités de Trabajo para la Salud. 

Detención administrativa

Ahora mismo hay unos 500 palestinos bajo detención administrativa languideciendo en las cárceles israelís, como Juana. La directora de esta organización, Shatha Odeh, también es una de ellas desde el pasado julio. Durante la pandemia, esta oenegé lideró los esfuerzos para combatir el coronavirus entre la población palestina, abandonada por su potencia ocupante sobretodo durante la campaña de vacunación. "La maquinaria israelí busca romper con todo aquello que mantiene la vida y los vínculos de solidaridad interna tan fuertes que caracterizan a la sociedad palestina", ha señalado Aranguren. 

Con esposas en las manos y grilletes en los pies, Juana Ruiz se presentó ante el tribunal declarándose inocente. Al aceptar uno de los cargos de los que se la acusa, la cooperante tendrá que pasar los seis meses restantes de la condena en prisión y pagar una multa de 50.000 shéqueles (unos 14.000 euros). Junto a Addameer, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y las organizaciones Al-Haq y Defensa Internacional de la Infancia no detienen su trabajo desde el terreno. Mientras, Juana parece cada vez más cerca de volver a casa.