Sentencia de más tres años de cárcel para uno de los asaltantes del Capitolio

10 meses después del asalto al Capitolio de Estados Unidos por una masa de seguidores de Donald Trump que trataron de impedir la certificación de los resultados de las elecciones en que ganó Joe Biden, los tribunales y el Congreso siguen dando pasos para tratar de hacer justicia, llegar a la verdad de cómo se produjo la insurrección e intentar evitar que se repita un asalto similar a la democracia.

Si hasta ahora la mayoría de personas juzgadas por el asalto habían recibido sentencias leves que mayoritariamente no implicaban tiempo en la cárcel, este miércoles, cuando se ha dictado la primera sentencia contra uno de esos asaltantes que sí cometió un acto violento, el castigo ha sido mucho más duro. El juez Royce Lambert ha dictado para Scott Fairlamb, que fue grabado golpeando a un agente de policía, una pena de 41 meses de cárcel, la más dura hasta la fecha, y a la que seguirán 36 meses más de libertad supervisada.

Fairlamb aceptó declararse culpable en agosto de agredir a un policía y obstruir un procedimiento oficial y evitó así un juicio que podría haberle llevado a una condena aún más dura. Y aunque este miércoles ha mostrado “remordimiento” y “verdadero lamento” por sus acciones de aquel día y ha pedido “clemencia” al magistrado, este ha recordado que sus acciones fueron “una afrenta a la sociedad y a la ley” que no le permitían imponer una sentencia por debajo de lo que dictan las directrices.

 “No creo que ningún jurado pudiera haberle absuelto”, le ha recordado al dictar su sentencia el juez Royce Lambert, que ha advertido a otros acusados en situación similar de que si optan por ir a juicio acabarán con sentencias de “mucho más tiempo” en prisión. Lesie Goemaat, la asistente del fiscal del distrito cuya oficina solicitaba 44 meses, había señalado como “crítico” que la sentencia transmitiera “a quienes participen en futuras revueltas que habrá consecuencias muy serias para quienes pretendan obstruir el estado de derecho y la democracia, especialmente a través de agresiones a fuerzas del orden”.

Fairlamb, de 44 años, es dueño de un gimnasio en Nueva Jersey y un especialista en artes marciales. El 6 de enero entró al Capitolio armado con una porra de la policía que había cogido del suelo y fue grabado gritando “¿Qué hacen los patriotas? ¡Los desarmamos y entonces asaltamos el puto Capitolio!”. Una vez que salió del edificio fue también grabado empujando y dando un puñetazo en la cara a un agente de la Policía Metropolitana, que según los fiscales no sufrió lesiones físicas. Cuatro días después colgó en Instagram un mensaje amenazante contra la congresista demócrata de Missouri Cori Bush que incluía también capturas de pantalla de amenazas racistas y sexistas contra la representante progresista de Misuri.

El mismo juez también dictará sentencia el próximo día 17 contra Jacob Chansley, el conocido como “Chamán de QAnon”, que entró en el Capitolio ataviado con un casco con cuernos. Chansley también se declaró culpable en septiembre y la fiscalía el martes pidió en su caso cuatro años y tres meses de cárcel.

"Los presidentes no son reyes"

La otra vía de investigación abierta sobre el asalto al Capitolio, determinar qué papel jugaron la Casa Blanca y Trump, por más que este fuera absuelto en su segundo impeachment, también sigue avanzando. El martes la jueza federal Tanya Chutkam rechazó una petición del expresidente de mantener clasificados 800 documentos de su tiempo en la Casa Blanca que busca el Congreso, incluyendo registros de visita, llamadas, correos electrónicos y otras comunicaciones, así como memorandos, notas y borradores de discursos y de una orden ejecutiva sobre integridad de las elecciones.

Los abogados del expresidente, que apelaron inmediatamente, alegan que esa documentación está protegida por el privilegio ejecutivo pero la magistrada recordó que Biden, el actual presidente, ha accedido a su desclasificación y reconoció el “interés público” en permitir estudiar los acontecimientos que llevaron al 6 de enero y considerar legislación para evitar que tales acontecimientos sucedan nunca más. “Parece apoyarse en la noción de que sus poderes ejecutivos existen en perpetuidad pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, escribió la magistrada.

Aunque el caso puede acabar llegando al Tribunal Supremo los Archivos Nacionales podrían empezar a entregar documentos el mismo viernes al comité especial de la Cámara de Representantes que está investigando el asalto, que en los últimos días ha seguido sumando citaciones a asesores y personas del círculo cercano de Trump. Son ya más de 20 los llamados a testificar, incluyendo en la última tanda el manager de la campaña de reelección Bill Stepien, los exasesores Jason Miller y Michael Flynn y la que fuera secretaria de prensa, Kayleigh McEnany.

Ya antes habían sido convocados otros como el exjefe de gabinete Marks Meadows y el exasesor Stephen Bannon pero la estrategia por ahora es la del bloqueo. El caso de Bannon, al que el Comité votó declarar en desacato, se ha referido al Departamento de Justicia. También el viernes Jeffrey Clark, que formó parte del Departamento de Justicia, se negó a contestar preguntas en su entrevista a puerta cerrada con los miembros del comité.