La ONU acusa a todas las partes del conflicto de Etiopía de crímenes de guerra

Todas las partes que luchan en el conflicto que empezó hace un año en Etiopía han cometido, en diversos grados, crímenes de guerra y contra la humanidad que han tenido como víctimas principales a civiles que no tenían nada que ver con las hostilidades, así como mujeres, que han sufrido abusos sexuales en una dimensión que todavía está por determinar. Esta es la conclusión de la investigación que ha llevado a cabo una comisión conjunta de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, y la Comisión Etíope de Derechos Humanos.

"Hay detalles de violaciones y abusos, que incluyen asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, torturas, violencia sexual y basada en el género, violaciones contra los refugiados y desplazamiento forzado de civiles", ha explicado Bachelet este miércoles durante la presentación del informe, que cubre el periodo que va del 3 de noviembre de 2020, cuando estalló el conflicto en la región de Tigray (norte del país), hasta finales del pasado junio, coincidiendo con la declaración de alto al fuego unilateral por parte del Gobierno central.

Según el relato de la situación en el terreno, la declaración unilateral de cese de las hostilidades ha tenido un impacto relativo en los niveles de violencia, puesto que desde entonces "todas las partes siguen violando los derechos humanos hasta el día de hoy " y las informaciones que llegan de abusos cometidos por las fuerzas tigriñas "se han multiplicado", ha subrayado la alta comisionada.

Masacres étnicas

El conflicto en Etiopía enfrenta a las Fuerzas Nacionales de Defensa Etíopes, a las Fuerzas de Defensa de Eritrea, a las Fuerzas Especiales de (la región de) Amhara y varias milicias afines contra las Fuerzas Especiales Tigriñas, distintas milicias (la principal es el Frente Popular para la Liberación de Tigray, conocido por sus siglas TPLF) y otros grupos que son sus aliados.

El informe relata varios episodios de actos brutales por razones étnicas, en particular masacres de miembros de la etnia amhara o de tigriños, sobre los cuales se menciona que son actos que podrían corresponder a "ataques generalizados y sistemáticos contra una población civil específica y por lo tanto serían crímenes contra la humanidad".

Asimismo, se retrata una situación en la que la tortura se ha vuelto común, así como las detenciones en lugres secretos o bases militares y el saqueo y ataques contra viviendas, iglesias y hospitales, que en algunos casos estaban siendo utilizados como instalaciones militares, ha señalado la jefa de la sección de Africa Oriental y del Sur de la Oficina de Bachelet, Françoise Mianda. Una de las consecuencias de esta situación es que solo la mitad de los centros médicos y de atención sanitaria básica en Tigray están funcionando.

El informe también denuncia que todas las partes del conflicto han perpetrado violencia sexual y que sus miembros han estado implicado en actos criminales, incluyendo violaciones en grupo, con el fin de "degradar y deshumanizar a las víctimas".

De 30 entrevistas con mujeres supervivientes, los investigadores descubrieron que la mitad habían sido víctimas de violaciones en grupos y que entre ellas algunas habían quedado embazadas o adquirieron enfermedades sexualmente transmisibles. Sin embargo, "dado el estigma y el trauma relacionado con la violencia sexual, la comisión investigadora cree que la prevalencia de la violación es seguramente mucho más elevada que lo que podemos documentar", reconoce el informe.

Estado de emergencia

La presentación del informe tiene lugar un día después de que el Gobierno etíope declarara el estado de emergencia en todo el país con el objetivo de frenar la ofensiva de los rebeldes del Tigray en su avance hacia la capital. La medida -adoptada para "proteger (...) la soberanía y la integridad territorial", según afirmó el ministro de Justicia, Gedion Timothewos- entró este martes en vigor y tendrá una vigencia de seis meses prorrogables si fuera necesario. El rebelde FPLT ha considerado este miércoles que se trata de una decisión "para encarcelar o matar a los tigriños a su voluntad".

El estado de emergencia restringe el derecho de manifestación y, en general, cualquier acto que interrumpa la producción o sabotee los servicios económicos esenciales. Todo aquel sospechoso de colaborar con fuerzas enemigas podría ser arrestado sin necesidad de una orden judicial y permanecer detenido mientras dure el estado de emergencia. También se prohíbe la información o propaganda en apoyo de los grupos considerados terroristas -como los rebeldes del Tigray- y portar armas de fuego.

Entre el sábado y el lunes, el rebelde Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT) -gobernante en esta región norteña hasta el estallido del conflicto en noviembre de 2020- anunció la toma de las ciudades de Dessie y Kombolcha, ambas situadas en Amhara, una región vecina de Tigray con la que mantiene una disputa territorial histórica, y a menos de 400 kilómetros de la capital de Etiopía.

La guerra entre Tigray y el Ejecutivo central de Etiopía estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT en represalia por un ataque contra una base militar federal y después de una escalada de tensiones políticas.

Desde entonces miles de personas han muerto, unos dos millones se han visto desplazadas internamente en Tigray y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales. Además, casi siete millones de personas afrontan una "crisis de hambre" por la guerra, según advirtió en septiembre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.