Israel acusa de terrorismo a seis organizaciones palestinas por los derechos humanos

Duro golpe a la sociedad civil palestina. Israel acusa de terrorismo a seis oenegés palestinas por los derechos humanos. El Gobierno del primer ministro israelí, Naftali Bennett, se aleja así del perfil moderado y de bajo nivel que había adoptado con la causa palestina y señala a las principales organizaciones humanitarias de formar parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado grupo terrorista por Israel. De forma unánime, y con el apoyo de instituciones internacionales, las oenegés han decidido no amedrentrarse y continuar con su trabajo. 

“Israel está profundamente preocupado por el trabajo que hacemos”, ha apuntado Sahar Francis, directora de Addameer, una de las oenegés acusadas de terrorismo. “Hemos desarrollado el discurso usado para abordar esta ocupación; comenzamos a utilizar términos como ‘apartheid’ y ‘Corte Penal Internacional’”, ha añadido. Estas seis entidades son críticas con el Estado de Israel y también con la Autoridad Palestina. A su vez, han exigido una investigación por crímenes de guerra a altos cargos civiles y militares israelís frente al Tribunal Penal Internacional. 

Addameer, organización en apoyo de los miles de presos palestinos languideciendo en cárceles israelís, está acusada de terrorismo junto a la oenegé por los derechos humanos Al-Haq, el Centro de Investigación y Desarrollo Bisan, la Defensa Internacional por la Infancia de Palestina, el Comité de la Unión del Trabajo Agrario y la Unión de los Comités de Mujeres Palestinas. Al-Haq, por ejemplo, actúa como consultora de la ONU. Esta acusación podría extender la inculpación de financiar el terrorismo hasta las Naciones Unidas.

"Frente encubierto del FPLP"

Según el Ministerio de Defensa israelí, estas organizaciones “operan de forma encubierta en ámbitos internacionales, disfrazadas como organizaciones de la sociedad civil, aunque son una rama de un grupo [el FPLP] cuyo objetivo es destruir Israel y participar en acciones terroristas”. Aunque la cartera dirigida por Benny Gantz aún no ha aportado pruebas de estas acusaciones. Por su parte, la decisión israelí ha tomado por sorpresa a Estados Unidos y a Europa.

“EEUU considera que el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la presencia de una sociedad civil fuerte son muy importantes”, ha apuntado un portavoz diplomático estadounidense. A su vez, ha declarado que exigirá explicaciones a Israel ya que esta decisión también pone en riesgo a muchos países europeos que financian a las seis organizaciones y podrían ser acusados de subvencionar el terrorismo. “El actual Gobierno israelí no es uno de cambio, sino una continuación del violento régimen de apartheid”, ha denunciado la organización israelí, B’Tselem. 

Acercamiento a los palestinos

Hasta ahora, el Gobierno de coalición había hecho ciertas concesiones a los palestinos con el objetivo de mejorar su situación económica y mantener la estabilidad y la seguridad. En agosto, Gantz se reunió con Abas, el primer encuentro bilateral de alto nivel desde el 2010, y prometió unos 130 millones de euros para la Autoridad Palestina. Hace poco, Israel concedió el derecho de residencia en Cisjordania a 4.000 palestinos indocumentados. Se han ampliado a 10.000 los permisos de trabajo a ciudadanos de la Franja de Gaza, el mayor número desde hace más de tres lustros. 

“Esta calumnia falaz es un asalto estratégico contra la sociedad civil palestina y el derecho fundamental del pueblo palestino a oponerse a la ocupación ilegal de Israel y exponer sus crímenes continuos”, ha denunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina en un comunicado. Después del anuncio, el personal palestino de las seis organizaciones no ha dudado en volver a sus oficinas. No pueden perder más tiempo ya que luchan contra una ocupación militar que celebra sus 54 años en Cisjordania más feroz que nunca.