El acceso al aborto en el mundo: grandes progresos, pero en riesgo de regresión

La entrada en vigor, hace un mes, de la restrictiva ley del aborto de Tejas, que prohíbe la interrupción del embarazo desde que se detecta el latido del feto -a las seis semanas, aproximadamente- ha supuesto un duro revés en la lucha por los derechos reproductivos y ha puesto en evidencia el riesgo de emprender una senda regresiva. Este sábado, se han convocado manifestaciones en los 50 estados de EEUU en contra de la norma tejana.

El aborto ha experimentado grandes progresos en los últimos 25 años, en los que 50 países han introducido cambios en su legislación para facilitarlo. México, Chile, Argentina, Irlanda o Tailandia son algunos ejemplos de los últimos avances en la despenalización. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer. En El Salvador, una mujer puede ser condenada a hasta 40 años de cárcel por abortar; en Polonia, desde hace un año se prohíbe interrumpir el embarazo en caso de malformación del feto; y miles de adolescentes mueren cada año en diferentes partes del mundo tras someterse a abortos clandestinos.

En la actualidad, quedan 24 países en los que es ilegal abortar en cualquier circunstancia, incluso cuando la vida de la madre está en riesgo. Entre ellos están Andorra, Malta, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Jamaica, Haití, República Dominicana, Egipto o Filipinas, según el recuento del Centro de Derechos Reproductivos, una organización mundial con sede en Nueva York que vela por que estos derechos estén protegidos por ley. Además, están los pasos atrás recientemente dados por Texas o Polonia.

Derechos humanos

"El derecho a acceder al aborto de manera legal y segura es un derecho humano reconocido bajo numerosos tratados regionales e internacionales, así como bajo las constituciones de países alrededor del mundo", destaca Alejandra Cárdenas, directora de estrategias globales legales del Centro de Derechos Reproductivos, que acusa al "patriarcado" y a su atribución a la mujer de un "rol ante todo reproductivo" como el principal obstáculo para seguir avanzando.

"Se trata de una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Hay muchas maneras de ejercer el poder en el cuerpo de las mujeres y una de ellas es la prohibición del aborto, igual que lo es la violencia sexual o la utilización del cuerpo de las mujeres en procesos de guerra y de conflicto", afirma, por su parte, Lola Liceras, coordinadora del equipo de derechos humanos de las mujeres de Amnistía Internacional.

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "denegar el acceso a las mujeres al aborto cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, la privacidad y, en ciertos casos, al derecho a ser libres de un trato cruel, inhumano y degradante". Y puede constituir, en palabras del organismo, "violencia de género contra las mujeres" y "tortura".

Peligro de muerte

El problema de impedir o evitar la regulación del aborto es el riesgo físico que corren las mujeres. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se realizan unos 25 millones de abortos inseguros, con consecuencias en muchas ocasiones fatales. La mayoría de esas prácticas tienen lugar en países con severas restricciones, donde vive el 41% de las mujeres en edad reproductiva. Además, hay un componente económico, ya que las que sufren más estas condiciones son mujeres y niñas que viven en la pobreza o que pertenecen a grupos marginales.

También se da la circunstancia de que algunos países donde el aborto está permitido no cuentan con regulaciones claras para implementarlo, algo que supone una fuerte barrera pues los servicios de salud pueden rechazar facilitar servicios que son legales. Este es el caso de Corea del Sur, donde fue despenalizado el pasado mes de enero. Además, otros estados han utilizado la pandemia para poner trabas al aborto, como Nepal o Pakistán, según explica el Centro de Derechos Reproductivos. En Colombia, en cambio, se estableció que era un servicio esencial que no podía interrumpirse durante la crisis del covid-19.

En cualquier caso, la principal conclusión de las organizaciones que velan por el derecho al aborto es que los países con leyes menos restrictivas son los que cuentan con tasas de interrupciones de embarazo más bajas (hasta cuatro veces menos que en los estados más duros). Porque existen políticas de prevención de embarazos no deseados y de educación sexoafectiva. "El derecho al aborto no es un derecho aislado, hay que enmarcarlo en el conjunto de derechos sexuales y reproductivos, que son a su vez derechos humanos (…) Si un Estado cumple con este conjunto de derechos, disminuyen los embarazos no deseados, la tasa de abortos y, lo más importante, el riesgo para las mujeres que se someten a un aborto", subraya Liceras. Cárdenas coincide: "Cuando las sociedades brindan educación sexual, los embarazos no deseados o no planeados se reducen de manera importante, así como la violencia sexual, y las enfermedades de transmisión sexual".

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