La Justicia europea tumba los acuerdos UE-Marruecos por incluir el Sáhara occidental

Nuevo golpe a las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y Marruecos. El Tribunal General de la Unión Europea ha dictaminado este miércoles que los acuerdos comerciales suscritos entre la Unión Europea y Marruecos y que incluyen a los productos procedentes del Sáhara Occidental, territorio en descolonización que no está bajo el control del reino alauí, no son legales. La sentencia da la razón al Frente Polisario aunque los efectos de la misma se mantendrán de momento congelados, “durante un cierto período de tiempo” debido a las “graves consecuencias” que una anulación podría tener sobre la acción exterior de la Unión Europea. 

Esto significa que los acuerdos entre Bruselas y Rabat se mantendrán por ahora en vigor ya que “su anulación con efectos inmediatos podría tener graves consecuencias sobre la acción exterior de la Unión y poner en cuestión la seguridad jurídica de los compromisos internacionales asumidos por esta”, señalan los jueces en la sentencia. Los pactos seguirán de aplicación durante dos meses o hasta que la corte se pronuncie sobre un eventual recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que puede presentarse en un plazo máximo de dos meses y diez días.

Pese al varapalo que supone el fallo, tanto la UE como Marruecos han cerrado filas con rapidez y han asegurado que "tomaremos las medidas necesarias para asegurar el marco jurídico que garantice la estabilidad de las relaciones comerciales entre la UE y Marruecos", han señalado el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el ministro de exteriores marroquí, Nasser Bourita, en una declaración conjunta en la que han afirmado también que están "plenamente movilizados" para continuar con su cooperación en "un clima de serenidad y compromiso" para consolidar el partenariado lanzado en junio de 2019.

El Frente Polisario, por su parte, ha reaccionado con euforia a una sentencia que ha calificado de "victoria triunfal" porque anula "totalmente" los acuerdos. Su representante ante la UE, Oubi Bouchraya, ha destacado que los jueces reconocen que no se consultó debidamente a la población saharaui y considera que la sentencia rebate "el argumento falaz de los beneficios" para la población local, que "no puede sustituir la ineludible exigencia del consentimiento".

Tres recursos de nulidad

El caso responde a los tres recursos de nulidad presentados por el Frente Polisario contra dos decisiones del Consejo, de enero y marzo de 2019 sobre los acuerdos de asociación entre la UE y Marruecos, y un reglamento europeo de finales de 2018 que regula el reparto de posibilidades de pesca en el caladero marroquí y que incluye la explotación de los recursos en aguas del Sáhara Occidental, donde faenan 128 barcos europeos de los cuáles 92 son españoles. A cambio del acceso a estas aguas, la UE paga a Marruecos una media anual de 52 millones de euros, de los que 12 millones aproximadamente deben ser abonados por los armadores europeos.

Dos años antes de revisar y renovar aquellos pactos, en diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que los acuerdos de asociación comercial entre la UE y Marruecos no eran aplicables al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui, por no ser un territorio parte de Marruecos. Aquella decisión abrió una grieta enorme y dejó en suspenso durante meses las relaciones diplomáticas entre Bruselas y Rabat, que finalmente terminaron encauzando y solventando con la revisión de los acuerdos. Para esquivar un nuevo varapalo jurídico, el servicio de acción exterior de la UE lanzó una consulta previa sobre el acuerdo entre la población local saharui. 

Aunque el Frente Polisario, de quien la sentencia dice que “goza de reconocimiento a nivel internacional como representante del pueblo del Sáhara Occidental", no participó en la misma, en 2019 decidió recurrir de nuevo ante la justicia europea y pedir la anulación de los nuevos acuerdos. Durante el proceso, los representantes saharauis alegaron que el gobierno marroquí no tiene competencias para negociar en nombre del pueblo saharaui acuerdos internacionales que afectan al territorio del Sáhara Occidental, porque prevén la explotación de sus recursos naturales y favorece la política anexionista de Marruecos.

Dos años después, el Tribunal General vuelve a darle la razón. Reconocen la "representatividad" del Frente Polisario y advierten que "no puede considerarse que las gestiones emprendidas por las autoridades de la Unión antes de que se celebraran los acuerdos controvertidos permitieran obtener el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental respecto de dichos acuerdos". Según la sentencia, este enfoque permitió como mucho recabar la opinión de las partes afectadas, pero sin que dicha opinión condicionase la validez de los acuerdos controvertidos ni vinculase a las partes. 

Principal socio comercial

Marruecos es el principal socio comercial de la UE entre los países de la vecindad sur con el 25% del comercio total de bienes de la UE con la región. Además, los 27 son el mayor socio comercial para el país norteafricano. El 64% de las exportaciones marroquíes se dirigen a la UE y el 51% de las importaciones de Marruecos proceden de la UE. Según el último análisis publicado a finales de 2020 por la Comisión Europea, el acuerdo se está aplicando sin problemas y está generando beneficios para la población tanto en términos de exportaciones, como de actividad económica y empleo. 

La misma conclusión ha destacado este miércoles el presidente de la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), Chakib Alj, que asegura que las inversiones derivadas de los acuerdos de asociación y pesquero son positivos para la población del Sáhara Occidental. “Todo lo que se ha invertido, todo lo que se ha hecho en la región, beneficia directamente también a la población” ha explicado durante una rueda de prensa celebrada en Bruselas.