Los italianos ante el obligatorio pase covid para trabajar: "Sin salud no hay trabajo"

Poco a poco, el Gobierno italiano ha pasado de la persuasión a la mano dura para convencer a sus ciudadanos más reacios de vacunarse contra el covid-19. En abril, decidió obligar al personal sanitario a aplicarse la inyección. En agosto, introdujo la exigencia del pasaporte covid para el ocio. Y ahora, aupado por la popularidad del primer ministro, Mario Draghi, y el discurso de que son medidas excepcionales en un momento de emergencia sanitaria, ha aprobado la obligatoriedad del pase sanitario para todos los trabajadores a partir del 15 de octubre.

Varios sondeos realizados antes y después de que la medida se diera a conocer hablan por sí solos. Hasta el 78% de los italianos están a favor del uso del certificado covid, que se obtiene si uno ha sido inmunizado, ha pasado la enfermedad o, en caso de no querer vacunarse, cuenta con un test negativo válido para un máximo de 72 horas. Al mismo tiempo, otros estudios han destacado que la mayoría es incluso favorable a que la vacuna contra el coronavirus sea obligatoria (como ya ocurre en Italia desde hace unos tres años para una decena de vacunas para menores de edad).

Reflejo de ello es que "de momento no se han anunciado protestas ni huelgas", dice Marina Bevere, representante del sector metalúrgico del sindicato CGIL. "La única persona de mi oficina que no se había vacunado, ahora quiere vacunarse. Creo que al final lo harán todos", comenta Giulia, una empleada de la Administración pública. "La medida me parece bien. Sin salud no hay trabajo", razona otra dependienta de Monteverde, un barrio romano de clase media.

Aumentan las reservas de citas

Así, tras semanas de números más discretos, la última decisión ha disparado nuevamente la campaña de vacunación, según el Gobierno. Los números los desgranó el comisario para la pandemia, Francesco Figliuolo, quien este fin de semana informó que las reservas de citas para las primeras dosis de los últimos días aumentaron entre un 20% y un 40% respecto a la semana precedente. En la actualidad, Italia ya ha alcanzado el 76% de la población con pauta completa.

Esto a pesar de que algunos expertos hayan advertido de que la medida tiene sus claroscuros, como puntualiza Gianluca Donati, asesor en un despacho especializado en cuestiones laborales de Roma. "Pese a que la medida fue fuertemente deseada por las empresas, son los trabajadores los que corren el mayor riesgo de ser sancionados dado que el empleador solo debe demostrar que ha hecho controles aleatorios para comprobar que sus empleados poseen el certificado covid", cuenta Donati. "Y tampoco está claro quién debe controlar al controlador", añade, al recordar que es deber de los empresarios o directivos públicos vigilar que se cumpla con la obligación.

Otro asunto es que los controles efectivamente se hagan. "Es aún difícil tener certezas pues la medida todavía no ha entrado en vigor, pero es posible que algunos se nieguen a vacunarse, como es el caso de un jefe del personal de una empresa que conozco, que es un convencido antivacunas", añade Donati. De los 23 millones de trabajadores que hay en Italia, se estima que son 4,1 millones los que aún no tienen el pase sanitario.

Disidencia

Un elemento de persuasión para quienes aún no se han vacunado -Italia tiene un movimiento antivacunas más activo que el español- es el coste que implica tener que hacerse múltiples test de detección del coronavirus, lo que puede suponer un gasto mínimo de alrededor 150 euros al mes. Razón por la cual ya en estos días Natura SI, una popular empresa de alimentos bio, anunció que se hará cargo de este gasto para los empleados que trabajan en sus 500 puestos de venta.

"Se consideró necesario garantizar el derecho a trabajar, como establece la Constitución italiana", explica Simonetta Lombardo, una portavoz de la empresa, a EL PERIÓDICO. "La seguridad en el trabajo es importante, pero también lo es proteger las rentas de las personas", insiste, en referencia a que la nueva medida prevé que aquellos que sigan negándose a presentar el pasaporte covid pueden ser suspendidos sin sueldo e incluso multados. Otros, en cambio, se quejan de la actitud contraria del Gobierno a permitir un verdadero debate público sobre estos temas.

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